Aragón recorta la paga a menores migrantes y la Fiscalía investiga si hay delito de odio
Rocío Benítez 
Alejandro Nolasco, vicepresidente del Gobierno de Aragón y líder de Vox en la Comunidad. Fuente Europa Press
La Fiscalía General del Estado ha abierto una investigación sobre la decisión del Gobierno de Aragón de retirar la asignación semanal de 17 euros a los menores extranjeros no acompañados tutelados por la comunidad. Dos fiscales especializados, una de Menores y otro de Delitos de Odio, analizan si la medida vulnera el interés superior del menor o constituye un delito de odio.
La polémica estalló cuando el vicepresidente autonómico, Alejandro Nolasco (Vox), anunció el recorte alegando un ahorro de 180.000 euros anuales. Tras la reacción social, la Consejería aseguró que la instrucción se limita a tres centros donde solo residen menores extranjeros, aunque insiste en que la medida no responde a la nacionalidad, sino a supuestos problemas de convivencia.
El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, calificó la medida de discriminación por origen y color de piel, contraria a la Constitución. Amnistía Internacional ha pedido su retirada inmediata por considerarla discriminatoria, mientras que UGT recuerda que la paga no es una propina, sino una herramienta educativa esencial para la autonomía de estos jóvenes.
El caso se suma a la ofensiva discursiva contra la infancia migrante que atraviesa el país, en paralelo a la crisis abierta en Ceuta. Cualquier medida que discrimine a menores tutelados por su origen nacional abre un precedente peligroso: convierte a la infancia vulnerable en blanco de recortes selectivos disfrazados de gestión administrativa.
La investigación de la Fiscalía podría derivar en una vía penal o en un recurso contencioso-administrativo si se confirma que la instrucción vulnera derechos fundamentales. El Gobierno aragonés, mientras tanto, defiende su decisión amparándose en el pacto entre PP y Vox, que prevé nuevas medidas de endurecimiento en los centros de protección de menores.
Lo que está en juego no es solo una paga semanal de 17 euros: es el principio de igualdad de trato hacia la infancia, venga de donde venga. Cuando la protección de un menor empieza a depender de su pasaporte, el sistema entero pierde su sentido.
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