Economía Digital
El Gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez, acelera las negociaciones para aprobar un nuevo decreto de vivienda que logre el respaldo parlamentario necesario. La clave está en introducir deducciones fiscales en el IRPF tanto para propietarios como para compradores, una medida que podría desbloquear el apoyo de Junts per Catalunya.
El Ejecutivo trabaja en un paquete de medidas amplio y transversal con el objetivo de evitar nuevos vetos entre sus socios. En este contexto, Junts ha puesto sobre la mesa propuestas concretas: desgravaciones de hasta 1.800 euros vinculadas a los ingresos por vivienda, especialmente dirigidas a incentivar el mercado del alquiler.
Además, una de las iniciativas más relevantes en discusión es la posible recuperación de la deducción por vivienda habitual, eliminada en 2013. Este incentivo permitía desgravar hasta el 15% de las cuotas hipotecarias, con un límite que generaba ahorros de más de 1.300 euros anuales. Ahora, el Gobierno estudia reactivar una fórmula similar, aunque aún quedan por definir los detalles y condiciones.
El apoyo de Junts resulta determinante tras su rechazo previo a medidas como la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler. Por ello, el Ejecutivo busca incorporar estas ventajas fiscales para atraer a la formación y garantizar la aprobación del decreto en el Congreso.
El plan del Gobierno se estructura en dos grandes bloques. Por un lado, medidas para reducir el precio del alquiler, aumentar la estabilidad de los contratos y combatir el fraude. Por otro, iniciativas para movilizar vivienda asequible y reforzar el acceso a la compra.
Entre las propuestas ya avanzadas destacan la subida del IVA al 21% en pisos turísticos, la recuperación de la prórroga de dos años en los contratos de alquiler y el fortalecimiento de organismos públicos de vivienda.
Mientras tanto, otras formaciones como ERC, Bildu o Podemos también forman parte de las negociaciones, aunque el foco principal sigue puesto en lograr el sí de Junts. La advertencia del partido es clara: sin cambios sustanciales, volverán a votar en contra.
El futuro del mercado inmobiliario en España depende ahora de este delicado equilibrio político, donde las ayudas fiscales a la vivienda podrían marcar la diferencia entre el bloqueo y la aprobación definitiva.