PP y Vox impulsan un «servicio de verificación del padrón» para perseguir a personas migrantes
Rocío Benítez 
Fuente EFE
Empadronarse es, para cualquier persona migrante en situación irregular, la puerta de entrada a derechos básicos: sanidad, educación y, con el tiempo, la posibilidad de regularizar su situación. Por eso resulta especialmente grave que los pactos de gobierno entre PP y Vox en Extremadura, Castilla y León, Aragón y Andalucía hayan incluido la creación de un «servicio de verificación del padrón» cuyo objetivo, según sus propios promotores, es dificultar el empadronamiento de personas migrantes.
La jurista Patricia Fernández advierte de que estas iniciativas suponen una invasión de competencias municipales, ya que el padrón es un registro de gestión local que, según la ley, debe limitarse a certificar la residencia efectiva, no a fiscalizar el estatus migratorio de quien vive en un municipio. En la misma línea se pronuncia el catedrático de Derecho Constitucional Joaquín Urías, quien recuerda que empadronarse es un derecho, no un privilegio condicionado a la situación administrativa.
Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Macarena Olid alerta de que estas medidas buscan generar un efecto disuasorio: aunque técnicamente no impidan el empadronamiento, la sola existencia de un «servicio de verificación» intimida a personas que ya viven en una situación de vulnerabilidad extrema y miedo a la administración.
No todos los ayuntamientos están dispuestos a aplicar estas directrices autonómicas. Zaragoza, entre otros, mantiene un sistema de empadronamiento accesible y ágil, demostrando que la gestión municipal puede resolverse sin recurrir a mecanismos de control migratorio encubiertos, como recuerda la activista Pepa Suárez.
Convertir un trámite administrativo básico en una herramienta de persecución no combate la inmigración irregular: solo empuja a miles de personas a una invisibilidad aún mayor, sin acceso a sanidad ni educación, lo que perjudica tanto a ellas como a la cohesión social del conjunto de la comunidad.
Organizaciones de derechos humanos recuerdan además que España se comprometió, mediante tratados internacionales, a garantizar el acceso a servicios básicos independientemente de la situación administrativa de cada persona, un compromiso que estas medidas autonómicas ponen en serio riesgo de incumplirse.
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