Rocío Benítez 
Fuente Unsplash
Cuando se habla de ONG, la imagen habitual es la de organizaciones que dependen de donaciones y viven al margen de la economía productiva. Sin embargo, el llamado tercer sector genera cientos de miles de empleos directos e indirectos y mueve miles de millones de euros cada año, con un impacto económico comparable al de sectores industriales enteros.
Detrás de cada organización no gubernamental hay trabajadores sociales, sanitarios, educadores, logística, coordinadores de proyectos y personal administrativo que cobran nóminas, cotizan a la Seguridad Social y consumen en su entorno igual que cualquier otro trabajador. Lejos de ser un gasto, el tercer sector actúa como motor económico allí donde el mercado no llega: zonas rurales despobladas, barrios empobrecidos o países en desarrollo.
Además, las ONG cumplen una función que ni el Estado ni el mercado privado logran cubrir por completo: atender a las personas que el sistema deja atrás. Comedores sociales, programas de inserción laboral, acogida a personas migrantes o cooperación internacional no serían sostenibles sin la existencia de estas organizaciones, que en muchos casos suplen carencias estructurales de los servicios públicos.
Frente al discurso de la ultraderecha, que presenta a las ONG como un gasto superfluo o una amenaza ideológica, los datos hablan de un sector que genera empleo, redistribuye recursos y refuerza la cohesión social. Debilitar su financiación no ahorra dinero público: traslada el coste social a las personas más vulnerables, que dejan de recibir la atención que ninguna otra institución les ofrece.
Defender al tercer sector no es solo una cuestión de solidaridad, es también una apuesta por un modelo económico que pone a las personas en el centro, en lugar de reducirlo todo a la lógica del beneficio.
Además del empleo directo, el tercer sector arrastra toda una cadena de proveedores locales: imprentas, empresas de logística, cooperativas de alimentos o consultoras especializadas que dependen en buena parte de los contratos y colaboraciones con ONG. Apostar por este modelo significa también fortalecer una economía más repartida y menos dependiente de unas pocas grandes corporaciones, algo especialmente valioso en los territorios donde la inversión privada apenas llega.
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