Fuente EFE
Hay decisiones judiciales que, más allá de su tecnicismo legal, revelan de qué lado se sitúa el poder cuando las personas más vulnerables necesitan protección. La reciente decisión del Tribunal Supremo de elevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno es una de ellas.
El Gobierno impulsó esta medida para regularizar a cientos de miles de personas que llevan años viviendo y trabajando en España, contribuyendo a la economía, pagando impuestos y formando parte del tejido social. Personas que, sin embargo, carecían de papeles. La regularización no era un capricho político: era una respuesta humanista a una realidad que el sistema había ignorado durante demasiado tiempo.
Ahora, el Supremo abre la puerta a que el TJUE paralice o invalide esa medida. La Comisión Europea ya había señalado que la regularización era legal. El Gobierno continúa defendiendo su legalidad. Sin embargo, el poder judicial español insiste en sembrar la duda. La pregunta es inevitable: ¿por qué tanta prisa en frenar una medida que beneficia a los más débiles?
Las personas migrantes no son un problema. Son trabajadoras del hogar, cuidadoras de mayores, trabajadores de la construcción y la agricultura. Son el sostenimiento invisible de una economía que los necesita pero se resiste a reconocerlos legalmente. Cada año que pasan sin papeles es un año de explotación tolerada, de derechos negados, de vidas suspendidas.
La regularización extraordinaria era una oportunidad histórica para cerrar esa brecha de injusticia. Ponerla en cuestión desde las instituciones no es un ejercicio de rigor jurídico: es una declaración sobre cuáles son las prioridades del sistema. Y esa declaración debería incomodarnos a todos.
Una democracia que no protege a los más vulnerables no es una democracia plena. Es una democracia selectiva. Y eso, sencillamente, no es suficiente.