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El lunes 29 de junio, coincidiendo con el inicio de los desplazamientos masivos de las vacaciones de verano, el Sindicato Ferroviario ha convocado una huelga de 24 horas en toda la red de Renfe. El Ministerio de Transportes ha establecido los siguientes servicios mínimos obligatorios: 73% de los trenes de alta velocidad y larga distancia, 65% en media distancia y 75% en hora punta en Cercanías de Madrid, Asturias, Cantabria, Galicia, Castilla y León, Sevilla, Cádiz, Málaga, Valencia, Murcia y Zaragoza —con reducción al 50% fuera de las horas punta.
Los trenes que sí circulan pueden estar más saturados de lo habitual. Si tienes billete para ese día, conviene revisar el estado de tu tren en la app de Renfe o en renfe.com antes de salir.
Pero más allá del impacto en los viajeros, conviene entender por qué hay huelga. El Sindicato Ferroviario denuncia el incumplimiento de los acuerdos alcanzados en noviembre de 2023 sobre condiciones sociolaborales de la plantilla, y el «abandono premeditado» del servicio de Mercancías de Renfe, en el marco del proceso de búsqueda de un socio estratégico privado para esa división. Es decir: los trabajadores no paran porque les apetezca complicarle las vacaciones a nadie. Paran porque, según ellos, la empresa no ha cumplido lo que firmó.
La huelga tiene una segunda convocatoria prevista para el 15 de julio, también en pleno pico vacacional. La coincidencia no es casual: es una estrategia para maximizar la presión sobre la empresa y el Gobierno.
El derecho de huelga es un derecho fundamental. Y cuando los trabajadores lo ejercen, la pregunta que merece atención no es solo qué trenes van a circular, sino qué compromisos se incumplieron para que llegaran a este punto.