Vincenzo Gambaretto 
Todo disca
Paco no aparece en esta historia como un “okupa”. Aparece como lo que es: un hombre mayor, enfermo de cáncer terminal, que quiere pasar el tiempo que le queda en su casa.
El caso ocurrió en un chalet de Chiclana de la Frontera, Cádiz. Una empresa privada de desocupación, Desokupaciones Team C.Real, fue contratada para sacar a las personas que vivían dentro. Pero, al llegar, sus trabajadores dijeron haberse encontrado con una realidad distinta: Paco, enfermo terminal, y una persona con síndrome de Down viviendo en la propiedad. La empresa publicó un vídeo en redes y anunció que desistía del encargo.
La frase que dejaron es difícil de ignorar: “Este hombre no merece ser dejado en la calle. Los pocos días que le quedan queremos que se quede en su casa. Que ninguna empresa venga a molestar a este hombre”.
Según el relato difundido por la propia empresa, Paco era propietario de la vivienda, pero dejó de pagar a raíz de su enfermedad. Ahí aparece el fondo del problema: cuando una hipoteca se convierte en una máquina fría y la enfermedad deja de importar.
No se trata de idealizar a las empresas de desocupación ni de convertir un caso en espectáculo. Se trata de mirar una contradicción brutal: incluso quienes fueron contratados para desalojar dijeron basta al ver la situación humana.
La vivienda no es solo una propiedad. Es descanso, identidad, dignidad. Para una persona con cáncer terminal, la casa puede ser lo último que queda en pie cuando el cuerpo ya no puede sostener casi nada.
Naciones Unidas recuerda que el derecho a una vivienda adecuada incluye vivir en seguridad, paz y dignidad, y la protección frente a desalojos forzosos o injerencias arbitrarias en el hogar.
Cuando un banco mira solo una deuda, puede olvidar que del otro lado hay una vida. Y cuando una sociedad acepta que un hombre enfermo sea expulsado de su casa por no haber podido pagar mientras se moría, algo se rompe mucho antes de que llegue la orden de desalojo.
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