Fuente Infobae
El sufrimiento de nuestros ancianos no puede seguir oculto tras las paredes del hogar ni normalizado por la indiferencia colectiva. Cada 15 de junio, el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez nos sitúa ante un espejo incómodo: la urgente necesidad de garantizar la protección de las personas mayores vulnerables. Organizaciones sociales denuncian la alarmante falta de un marco legal estatal específico en España para combatir una lacra que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), afecta a una de cada seis personas mayores en el mundo.
Detrás de las estadísticas se esconde una realidad profundamente feminizada. El proyecto de Cruz Roja enfocado en el buen trato a la vejez ha atendido a más de 31.000 personas, de las cuales el 85% son mujeres. La entidad, respaldada por una red de voluntariado, abordó más de 2.200 casos de riesgo el último año. El maltrato psicológico, el abuso económico, el abandono y el aislamiento social de ancianos son las agresiones más recurrentes. Al producirse mayoritariamente en el entorno familiar, el miedo, la dependencia emocional y la vergüenza silencian a las víctimas, impidiendo que denuncien.
La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) y la Confederación Estatal de Mayores Activos (CONFEMAC) exigen romper este pacto de silencio mediante la sensibilización contra el edadismo y la discriminación por edad. Para avanzar hacia una auténtica justicia social para la tercera edad, las instituciones reclaman políticas públicas con presupuestos reales, formación para cuidadores y el fomento de la denuncia ciudadana. El maltrato no es un asunto privado; es una vulneración flagrante de la dignidad en el envejecimiento. Identificar las señales de alerta y actuar no es opcional, sino una obligación ética para evitar convertirnos en cómplices de su desamparo.