Fausto 
El Solidario. RTVE tiene que crear, por lo menos, 30 puestos para personas en condición de discapacidad.
El Tribunal Supremo ha puesto en evidencia una de las vergüenzas más persistentes del sistema: la exclusión sistemática de las personas con discapacidad en el acceso al empleo público.
La sentencia que condena a RTVE por no reservar el 7% de plazas obligatorias en sus oposiciones marca un precedente legal, pero también moral. El ente público deberá crear al menos 30 puestos reservados, tras haber incumplido flagrantemente una ley que empresas privadas sí están obligadas a cumplir, aunque con un umbral menor del 2%.
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No hablamos de una omisión administrativa, sino de una discriminación estructural. RTVE, como servicio público financiado con dinero de todos, no solo tiene la obligación legal, sino el deber ético de ser ejemplo de igualdad y diversidad.
Cuando una institución pública excluye a una parte de la población, normaliza su marginación en el resto del tejido laboral. Y eso, en una sociedad democrática, es inadmisible.
La falta de inclusión laboral de personas con discapacidad no es una cuestión de cuotas, sino de justicia. Según datos del INE, la tasa de empleo entre este colectivo es casi 40 puntos inferior a la de la población general.
¿Cómo podemos hablar de integración, de derechos, de igualdad de oportunidades, si las propias instituciones perpetúan estas barreras?
Los sindicatos alertaron, con razón, que ni siquiera se cumplía el mínimo del sector privado. RTVE, que debería garantizar la pluralidad informativa y la diversidad social, actuó como si las personas con discapacidad fueran ciudadanas de segunda.
Esta sentencia debe servir para algo más que para cumplir una cuota: debe abrir un debate profundo sobre el modelo de empleo público que queremos.
Porque sin inclusión laboral real, no hay democracia plena. RTVE debe rectificar, pero también transformar su cultura interna para dejar de ver la discapacidad como una carga y empezar a verla como parte imprescindible de una sociedad justa.
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