En Venezuela, 66 políticos extranjeros permanecen detenidos
Delismar González Tortolero 
El régimen de Nicolás Maduro mantiene detenidos a 66 presos políticos extranjeros, muchos de ellos en condiciones de desaparición forzada
El régimen de Nicolás Maduro mantiene detenidos a 66 presos políticos extranjeros, muchos de ellos en condiciones de desaparición forzada, según denuncias de la ONG Foro Penal.
Estas detenciones, que incluyen a ciudadanos de países como Colombia, España, Italia y Estados Unidos, han generado una creciente preocupación en la comunidad internacional por las violaciones a los derechos humanos y el uso de estas personas como instrumentos de presión política.
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De acuerdo con el informe de Foro Penal, , entre los detenidos se encuentran 22 colombianos, 12 españoles, 9 italianos y 5 estadounidenses, muchos de ellos con doble nacionalidad.
Las detenciones se han incrementado desde las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en un contexto de creciente represión contra la disidencia política.
Las condiciones de detención son alarmantes. Muchos de los presos políticos extranjeros han sido sometidos a procesos judiciales irregulares, sin acceso a defensa legal adecuada y en algunos casos, sus paraderos son desconocidos, lo que constituye una desaparición forzada.
Organizaciones como Human Rights Watch y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU han exigido al gobierno venezolano la liberación inmediata de estos detenidos y el respeto a los derechos fundamentales.
Además, se ha documentado un patrón de represión selectiva dirigido a ciudadanos venezolanos con doble nacionalidad, utilizando el encarcelamiento como mecanismo de coerción política y negociación internacional.
La detención y desaparición forzada de presos políticos extranjeros en Venezuela representa una grave violación de los derechos humanos y un desafío para la comunidad internacional.
Es necesario que los gobiernos y organismos internacionales intensifiquen sus esfuerzos para exigir la liberación de estos detenidos y garantizar que el régimen de Maduro rinda cuentas por sus acciones. La presión diplomática y las sanciones específicas pueden ser herramientas efectivas para lograr este objetivo y restablecer el respeto al estado de derecho en Venezuela.
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