El lobo ibérico, en el punto de mira: ecologistas denuncian caza ilegal y exigen respeto a la biodiversidad
Delismar González Tortolero 
La reciente autorización para abatir 41 lobos en Cantabria ha generado una ola de críticas por parte de colectivos ecologistas
La reciente autorización para abatir 41 lobos en Cantabria ha generado una ola de críticas por parte de colectivos ecologistas, que consideran la medida contraria a la normativa europea y a la conservación de la biodiversidad. La denuncia presentada ante la Fiscalía pone en entredicho la legalidad de las acciones emprendidas por las autoridades regionales.
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Ecologistas en Acción ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía de Cantabria contra la consejera de Ganadería, María Jesús Susinos, y el director general de Biodiversidad, Ángel Serdio, por presunta prevaricación y posible delito contra la fauna. La organización alega que la orden de abatir 41 lobos se emitió antes de la entrada en vigor de la Ley 1/2025, que excluye al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), y sin cumplir los requisitos legales establecidos por la Directiva Hábitats.
El Fondo de Protección del Lobo Ibérico ha lanzado una campaña de micromecenazgo para recaudar 200.000 euros con el objetivo de emprender acciones legales contra la decisión del Congreso de retirar al lobo ibérico del LESPRE. La iniciativa busca promover soluciones técnicas que eviten la muerte de los lobos y contrarrestar la desinformación sobre la especie.
La justicia europea ha dictaminado que la caza del lobo al norte del Duero, como la permitida por la normativa de Castilla y León, viola la Directiva sobre los hábitats, ya que la especie se encuentra en un estado de conservación «desfavorable-inadecuado» en España.
La protección del lobo ibérico no solo es una cuestión de conservación de una especie emblemática, sino también un reflejo del compromiso de la sociedad con la biodiversidad y el respeto a la vida silvestre. Es imperativo que las políticas de gestión de fauna se basen en criterios científicos y éticos, garantizando la coexistencia armoniosa entre las actividades humanas y la naturaleza
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