Navarra reconoce a 41 víctimas de violencia policial y da un paso, aunque tardío, hacia la justicia

El silencio institucional empieza a resquebrajarse. En 2024, el Gobierno de Navarra reconoció oficialmente a 41 víctimas de violencia policial, en un gesto que, aunque reparador, llega con décadas de retraso. Se trata de personas que sufrieron torturas, malos tratos y agresiones a manos de fuerzas del orden o de grupos de extrema derecha entre los años 1978 y 1999. La memoria de estos abusos se mantenía viva en las familias y en los colectivos sociales, pero no había tenido aún el reconocimiento político y económico que merecía.

Gracias a la Ley Foral 16/2019, Navarra ha asumido su responsabilidad con un acto de reparación simbólica y material, asignando más de un millón de euros en indemnizaciones. Entre los casos reconocidos figuran nombres como el de Mikel Zabalza, cuyo asesinato bajo custodia de la Guardia Civil en 1985 se convirtió en uno de los símbolos más crudos de la represión del Estado.

Esta medida no solo busca compensar económicamente, sino restituir la dignidad de quienes fueron silenciados, perseguidos y criminalizados. Muchos testimonios detallan detenciones sin garantías, violencia sexual, palizas, amenazas e incomunicación prolongada.

Sin embargo, el reconocimiento no es completo si no va acompañado de memoria, justicia y garantías de no repetición. Colectivos como Egiari Zor reclaman que este proceso se extienda a todo el Estado y denuncian que aún hay demasiadas puertas cerradas a la verdad.

Este gesto de Navarra debe ser un ejemplo, no una excepción. En un país que presume de democracia consolidada, no puede haber espacio para la impunidad de los crímenes cometidos desde el poder.

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Arturo.R

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