La lucha por la educación pública

El movimiento por la educación pública enfrenta un momento clave, con un debate estratégico entre sectores que promueven la negociación institucional y quienes impulsan la movilización callejera. Esta polémica, reflejada en la reciente confrontación con la Coordinadora de Jóvenes Estudiantes (CJS), surge mientras los recortes presupuestarios y el avance de la privatización educativa se intensifican.

Según datos del Ministerio de Educación, la inversión en educación pública ha caído un 12% desde 2019, mientras la concertada y privada captan cada vez más alumnos. Organizaciones como CEAPA denuncian que este modelo profundiza la segregación social, afectando especialmente a familias de bajos ingresos.

La CJS ha defendido la necesidad de diálogo con las instituciones, argumentando que las movilizaciones sin propuestas concretas pierden efectividad. Sin embargo, colectivos como Studere y asambleas de institutos responden que «sin presión en la calle, las negociaciones carecen de fuerza». Este desacuerdo quedó claro en la última huelga educativa, donde algunas organizaciones priorizaron reuniones con el ministerio y otras convocaron marchas masivas.

Expertos en políticas educativas como Carmen Rodríguez (Universidad de Málaga) advierten: «El desfinanciamiento planificado busca debilitar la escuela pública para justificar su sustitución por modelos mercantilizados». Casos como Madrid, donde el 40% del alumnado ya está en centros concertados, parecen confirmar esta tendencia.

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