Gobierno y sindicatos acuerdan medidas clave para la jubilación anticipada del personal laboral del sector público
Fatima Makhoukh 
Archivo CCOO/ELSOLIDARIO. Reunión entre CCOO, UGT y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.
El Gobierno ha llegado a un acuerdo con Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) para implantar una tasa adicional que permitirá mantener la jubilación anticipada del personal laboral del sector público. Este compromiso garantiza la aplicación del acuerdo de jubilación parcial firmado el pasado 18 de diciembre, que entrará en vigor el próximo 1 de abril.
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En la reunión celebrada el 24 de marzo, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, junto con Lucho Palazzo, coordinador del Área Pública de CCOO, y Julio Lacuerda, secretario general de UGT Servicios Públicos, también acordaron convocar la comisión de seguimiento del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI. En este espacio, se tratarán asuntos pendientes, además de iniciar la negociación de un nuevo acuerdo plurianual y abordar la subida salarial de 2025 para los empleados públicos de forma independiente a los Presupuestos Generales del Estado.
Los sindicatos han instado al Gobierno a agilizar estos compromisos para evitar que queden en meras declaraciones de intenciones. Asimismo, han solicitado la aprobación inmediata del incremento salarial del 0,5% pendiente desde enero de 2024, con efectos retroactivos.
Entre los puntos aún por concretar del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, destacan:
- Implantación del modelo de clasificación profesional, conforme al Marco Español de Cualificaciones Profesionales.
- Modificación de normativas para garantizar la plena implementación de planes de igualdad y protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo, conforme a la Ley Orgánica 3/2007.
- Aplicación de la jornada laboral de 35 horas para los empleados públicos.
- Mejoras en la atención presencial y digitalización en zonas con menor población o en riesgo de exclusión.
- Creación de empleo neto en la administración pública, reducción de la temporalidad y rejuvenecimiento de las plantillas.
- Impulso a la digitalización, promoción interna y retención del talento.
Este acuerdo marca un paso crucial en la defensa de los derechos laborales del sector público, garantizando mejores condiciones y estabilidad para los trabajadores y trabajadoras.
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