
Tomada de Plaza España: Plaza España Sevilla, Andalucía
Las ciudades andaluzas podrán implementar una moratoria sobre la construcción de viviendas turísticas a partir de marzo, una medida crucial para defender el derecho a la vivienda y frenar la especulación inmobiliaria que está desplazando a los residentes locales.
Andalucía frena la expansión de viviendas turísticas
A partir de marzo de 2025, las ciudades de Andalucía podrán poner en marcha una histórica moratoria de tres años que prohíbe la creación de nuevas viviendas turísticas. Esta medida, que llega en un momento crítico para las ciudades más turísticas de la región, busca frenar los efectos de la gentrificación y garantizar que los residentes locales no sean desplazados por la creciente especulación inmobiliaria.
En ciudades como Sevilla, Málaga y Granada, el auge del turismo ha elevado los precios de la vivienda, convirtiendo a las zonas históricas y céntricas en áreas inaccesibles para muchas familias. Según datos recientes, el precio del alquiler en áreas turísticas ha aumentado un 25% en los últimos tres años, mientras que las viviendas destinadas a turistas han superado en algunas zonas el 30% del total de propiedades. Este fenómeno ha empujado a miles de residentes a los márgenes de las ciudades, generando una exclusión social creciente y alterando el tejido urbano y social.
Con la moratoria, Andalucía da un paso firme hacia la protección del derecho a la vivienda, priorizando la estabilidad de las comunidades locales frente a los intereses del mercado turístico. Además, esta medida también tiene una fuerte componente ambiental, ya que limita la sobreexplotación de recursos y la transformación de barrios tradicionales en zonas dedicadas únicamente al turismo.
Esta decisión refleja una postura progresista en la que se busca un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección de los derechos humanos. Fomentar un turismo sostenible y respetuoso con las comunidades es clave para lograr una convivencia armoniosa y garantizar el acceso a la vivienda para todos los ciudadanos.
¿Es esta moratoria el primer paso hacia una política más inclusiva y sostenible en las ciudades de Andalucía?
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