
Tomada de aZV1. España alcanza el nivel más alto de la OCDE en los impuestos a la propiedad
El sistema fiscal español, que se sitúa como el segundo más punitivo de la Unión Europea en cuanto a la propiedad, está afectando negativamente a las clases trabajadoras y favoreciendo una creciente brecha social, lo que pone en peligro la estabilidad económica de millones de hogares.
Impuestos sobre la propiedad: un obstáculo para la igualdad en España
España es el segundo país de la Unión Europea con mayor carga fiscal sobre la propiedad, un hecho que refleja la creciente desigualdad social que vive el país.
Con un sistema impositivo que penaliza de manera desproporcionada a los propietarios de viviendas, especialmente aquellos de clase media y baja, se están creando barreras insostenibles para el acceso a la vivienda, uno de los derechos humanos fundamentales.
Según un reciente informe de Eurostat, España ocupa el segundo lugar en términos de los impuestos sobre la propiedad, solo por detrás de Francia, con un impacto directo sobre los hogares y las pequeñas y medianas empresas.
La presión fiscal sobre la propiedad ha llevado a muchas familias a enfrentarse a elevados costes en un contexto de estancamiento salarial y una creciente inflación.
De hecho, la carga fiscal por propiedad en España ha aumentado un 15% en los últimos cinco años, lo que agrava aún más la precariedad de miles de ciudadanos que ya luchan por llegar a fin de mes.
Este modelo impositivo no solo crea dificultades económicas para las familias, sino que también limita el acceso a viviendas dignas, empujando a miles de personas a la marginalidad y a una gentrificación que destruye el tejido social.
A medida que los precios de las viviendas siguen subiendo, los jóvenes y las personas en situación vulnerable se ven excluidos del mercado inmobiliario, exacerbando las desigualdades sociales y creando un círculo vicioso de pobreza.
A pesar de las voces que abogan por una reforma fiscal más progresiva, que aligere la carga de los impuestos sobre la propiedad para las clases trabajadoras, la política fiscal española parece seguir beneficiando a las grandes fortunas y a los especuladores inmobiliarios, quienes se ven menos afectados por este tipo de impuestos.
Es imperativo que el gobierno español reconsidere su enfoque fiscal hacia la propiedad y busque alternativas que promuevan una mayor equidad, favorezcan el acceso a la vivienda y contribuyan a reducir las desigualdades económicas y sociales.
¿Está España dispuesta a repensar su modelo fiscal para construir una sociedad más justa y accesible para todos?
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