PSOE presenta ley para frenar el acoso judicial de la ultraderecha y en defensa de la libertad de expresión
Fausto 
El Solidario. La nueva ley del PSOE pretende limitar el uso de la acusación popular por parte de partidos políticos y asociaciones afines.
En un movimiento necesario para la defensa de la libertad de expresión, el PSOE ha registrado una ley que busca frenar el acoso judicial de la ultraderecha y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos.
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Esta propuesta legislativa, que se tramitará como una proposición de ley orgánica, incluye la reforma de la acusación popular y la inadmisión de querellas basadas en recortes de prensa, así como la derogación del delito de ofensas contra los sentimientos religiosos y la recusación de jueces por declaraciones políticas.
La nueva ley del PSOE pretende limitar el uso de la acusación popular por parte de partidos políticos y asociaciones afines, una herramienta que ha sido utilizada de manera abusiva para perseguir a adversarios políticos y figuras públicas. Esta medida busca garantizar que solo aquellos con un vínculo concreto y relevante con el interés público puedan ejercer la acusación popular.
Inadmisión de querellas basadas en recortes de prensa
La propuesta también establece que no se podrán abrir procesos penales basados únicamente en recortes de prensa sin indicios claros de irregularidades. Esta disposición pretende evitar la judicialización de la política y proteger a los ciudadanos de querellas infundadas.
El PSOE ha incluido en su propuesta la eliminación del artículo 525 del Código Penal, que tipifica el delito de ofensas contra los sentimientos religiosos. Este artículo ha sido utilizado por grupos ultras para perseguir a artistas, activistas y representantes electos, y su derogación es un paso hacia la protección de la libertad de expresión.
La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial permitirá la recusación de jueces que hayan realizado declaraciones públicas a favor o en contra de partidos políticos. Esta medida busca asegurar la imparcialidad y la neutralidad del poder judicial, evitando la politización de la justicia.
La ley anti ultras del PSOE es un avance significativo en la protección de los derechos fundamentales y la justicia en España. Al limitar el uso abusivo de la acusación popular, inadmitir querellas infundadas y derogar el delito de ofensas religiosas, el PSOE demuestra su compromiso con una democracia más justa y equitativa. Esta propuesta legislativa es un paso valiente hacia la defensa de la libertad de expresión y la imparcialidad judicial en nuestro país.
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