El movimiento feminista ha intensificado su campaña en redes sociales para que el hijo menor de Juana Rivas, permanezca en España bajo la custodia de su madre, alegando que su retorno a Italia con su padre lo expondría a situaciones de maltrato y peligro.
Tolerancia cero contra la violencia de cualquier tipo
Juana Rivas y su hijo mayor han presentado denuncias contra el exmarido y padre, respectivamente, por presuntas coacciones, amenazas y violencia de género. El hijo mayor de Juana ha declarado que su hermano menor corre un grave peligro si continúa viviendo con su padre, a quien acusa de ser un maltratador incapaz de controlar su ira.
A pesar de estas denuncias, el Tribunal ha ordenado que el hijo menor regrese con su padre el 8 de enero.
Ante esta situación, el equipo legal de Rivas ha solicitado al Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada y al Juzgado de Familia número 10 de Granada la aplicación del artículo 15, que permite a los órganos jurisdiccionales adoptar medidas provisionales para proteger al menor.
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Proteger a los menores ante cualquier violencia
La posible separación de Daniel de su madre ha generado una ola de apoyo en redes sociales, donde feministas y activistas han lanzado campañas bajo los hashtags #DanielSeQueda y #SanchezProtejaADaniel, instando al gobierno español y a la justicia a intervenir para garantizar la seguridad del menor.
Personalidades como Irene Montero, exministra de Igualdad, han expresado su preocupación, afirmando que «un maltratador nunca es un buen padre» y que es deber de las instituciones proteger a Daniel.
La situación de Juana Rivas, quien en el pasado fue condenada por sustracción de menores al intentar proteger a sus hijos de un padre maltratador, refleja las dificultades que enfrentan las mujeres en la lucha por la custodia y protección de sus hijos en casos de violencia de género.
El caso ha reavivado el debate sobre la necesidad de que el sistema judicial priorice la seguridad y el bienestar de los menores en situaciones de violencia doméstica.
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