Fausto 
El Solidario. Este ataque no solo perjudicó a Podemos, sino también a la confianza ciudadana en las instituciones.
La Audiencia Nacional ha comenzado a arrojar luz sobre uno de los episodios más oscuros de la política española: la presunta guerra sucia contra Podemos. Los testimonios de agentes policiales y las contradicciones entre los imputados confirman lo que durante años parecía un secreto a voces: el uso de recursos del Estado para impedir que una fuerza progresista alcanzara el poder en 2016. Este escándalo pone en evidencia la manipulación y, además, plantea serias dudas sobre la salud de nuestra democracia.
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Las maniobras orquestadas por sectores de las cloacas del Estado, según apuntan los indicios, tenían un objetivo claro: deslegitimar a un partido que había emergido como una voz crítica frente al bipartidismo.
Desde la fabricación de informes falsos hasta la utilización de fondos reservados, los métodos empleados muestran un desprecio absoluto por las normas democráticas y por el derecho de la ciudadanía a elegir libremente a sus representantes.
Uno de los aspectos más inquietantes de este caso es la implicación de altas instancias policiales y la connivencia de ciertos sectores mediáticos que amplificaron estas maniobras sin cuestionar su origen. Mientras algunos agentes aseguran haber cumplido órdenes directas, los imputados ofrecen versiones contradictorias, lo que no hace sino reforzar la sospecha de que estas operaciones tenían una estructura organizada.
Este ataque no solo perjudicó a Podemos, sino también a la confianza ciudadana en las instituciones. Cuando el aparato del Estado se utiliza para fines partidistas, se socava el principio de igualdad ante la ley y se daña la percepción de imparcialidad que debe caracterizar a un sistema democrático.
Sin embargo, también hay lecciones que extraer. La investigación actual recuerda de la importancia de una justicia independiente y de la necesidad de proteger los derechos democráticos frente a los abusos de poder. Este caso debe ser un punto de inflexión para garantizar que ningún partido o grupo sea víctima de persecución política.
La pregunta que debemos hacernos como sociedad es clara: ¿estamos dispuestos a tolerar que las cloacas sigan operando impunemente o exigiremos transparencia y justicia para blindar nuestra democracia?
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