Alcalde de Estepona bajo investigación por presunto acoso sexual y malversación de fondos públicos
Fátima Makhoukh 
Archivo/ELSOLIDARIO.García Urbano (PP) este viernes en el mitin en Estepona (Málaga).
El alcalde de Estepona, José María García Urbano, enfrenta graves acusaciones que han puesto en jaque su gestión. Un juzgado de la localidad investiga su presunta implicación en un caso de acoso sexual a un funcionario municipal y posibles delitos de malversación de fondos públicos vinculados a la contratación de una testigo clave.
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El caso, que ha generado una amplia repercusión mediática, comenzó con una denuncia de un agente de la Policía Local, quien asegura haber sido forzado, junto a su pareja, a mantener relaciones sexuales con el alcalde bajo amenaza de despido. A esta denuncia se suman indicios de irregularidades en la contratación de la testigo principal del caso como cargo de confianza en el consistorio.
Este nombramiento, registrado meses antes de las elecciones municipales, ha sido señalado por la oposición como un posible uso indebido de recursos públicos.
Según la investigación judicial, la trabajadora fue contratada sin experiencia ni formación específica para el cargo, lo que refuerza las sospechas de un acto de prevaricación o malversación. Durante su declaración ante el juez, la mujer confirmó haber sido testigo de los supuestos encuentros sexuales forzados entre el alcalde y el denunciante.
Por su parte, el regidor, en el cargo desde 2011 con mayorías absolutas, niega todas las acusaciones y asegura que se trata de una “denuncia falsa” con intenciones políticas. Sin embargo, su negativa a responder a preguntas de la Fiscalía durante su comparecencia como investigado ha alimentado las críticas de la oposición, que exige su dimisión inmediata por la gravedad de los hechos.
El partido socialista local (PSOE) ha calificado la situación como «insostenible» y ha subrayado que las denuncias trascienden lo personal, afectando directamente a la gestión municipal y a la confianza ciudadana. Además, han solicitado mayor transparencia en el uso de los recursos públicos y una resolución rápida de las investigaciones para evitar mayor daño a la imagen del ayuntamiento.
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