La atención pública de las adicciones en España enfrenta serias dificultades. Aunque la sanidad pública ha dado un paso crucial al reconocer las adicciones como una enfermedad, especialistas advierten que la falta de recursos, la disparidad entre comunidades autónomas y la ausencia de criterios unificados dificultan un tratamiento efectivo y accesible para miles de personas.
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La falta de integración y coordinación en los sistemas sanitarios perpetúa un problema que trasciende lo médico, afectando profundamente lo social y familiar.
En España, la atención a las adicciones depende de un entramado autonómico que funciona de manera desigual. Según expertos, esta fragmentación genera inequidades en el acceso a tratamientos y recursos especializados, dejando a muchas personas sin la ayuda necesaria.
Además, los presupuestos asignados a este ámbito suelen ser insuficientes, lo que limita la capacidad de los centros para ofrecer un tratamiento integral que abarque desde la desintoxicación hasta la reintegración social.
Pocos recursos y pocos profesionales
El problema no solo radica en los recursos económicos, sino también en la falta de formación especializada para abordar las adicciones de manera multidisciplinar. En muchas ocasiones, los pacientes encuentran barreras burocráticas o enfrentan estigmas sociales que complican aún más su acceso a servicios de calidad.
La atención primaria, que debería ser una puerta de entrada clave, no está suficientemente equipada para manejar casos de adicciones, lo que sobrecarga a los centros especializados.
Pese a este panorama, hay avances que merecen ser destacados. La inclusión de las adicciones en el sistema sanitario público como una enfermedad es un paso hacia su desestigmatización.
Sin embargo, esto debe ir acompañado de políticas públicas que prioricen la prevención, aumenten la financiación y promuevan una mayor coordinación entre las comunidades autónomas para garantizar tratamientos equitativos y eficaces.
La lucha contra las adicciones no puede ser fragmentaria ni parcial. Es un problema que afecta no solo a quienes la padecen, sino también a su entorno y, en última instancia, a toda la sociedad.
¿Estamos preparados para exigir un sistema sanitario que priorice la atención integral y equitativa, o seguiremos permitiendo que las adicciones se aborden como un problema secundario?
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