
Manifestación en 1978 en Sevilla, tras el mitin convocado por el Movimiento Homosexual de Acción Revolucionaria contra le Ley de Peligrosidad Social. Fuente: El Salto
¿Es suficiente una pensión para quienes sufrieron tortura y exclusión bajo la dictadura franquista? La Ley de Memoria Trans busca justicia para las víctimas olvidadas.
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La Ley de Memoria Trans surge como una respuesta urgente para reparar las heridas de la represión franquista contra la comunidad LGTBI. Esta ley propone una pensión para las personas mayores de 65 años que fueron perseguidas, encarceladas y marginadas por su orientación sexual o identidad de género. Según Mar Cambrollé, presidenta de la Plataforma Trans, “cada vez quedan menos vivas” las víctimas que sufrieron bajo la Ley de Peligrosidad Social. Esta normativa, vigente durante la dictadura y el posfranquismo, condenó a miles de personas trans y homosexuales a la miseria y la exclusión.
Una pensión para las víctimas silenciadas
El núcleo de la ley es otorgar una pensión similar al Salario Mínimo Interprofesional para quienes sufrieron esta represión. Se estima que alrededor de 5.000 personas fueron condenadas bajo la Ley de Peligrosidad Social, la mayoría de ellas trans y homosexuales. “Es una medida para mayores de 65 años que vivieron la dictadura y el posfranquismo”, explica Cambrollé. La propuesta también contempla ayudas adicionales en vivienda y atención a la dependencia para garantizar una vejez digna.
Además de la compensación económica, la ley exige una disculpa pública por parte del Estado por las décadas de violencia institucional ejercida contra la población LGTBI. Aunque la Ley de Memoria Histórica ofreció algunas indemnizaciones, esta nueva iniciativa busca reparar de manera más específica a las víctimas de la comunidad. «La Ley Trans de 2022 fue un avance, pero esta deuda histórica sigue sin resolverse», subraya Cambrollé. La represión no cesó con la dictadura; la Ley de Escándalo Público se utilizó durante años para continuar persiguiendo a personas LGTBI.

Un archivo que preserve la memoria
Además de la pensión y la disculpa, la ley propone la creación de un Archivo Documental de la Memoria LGTBI. Este archivo permitirá preservar y digitalizar los testimonios y documentos que cuenten la historia de la persecución sufrida por el colectivo. “Debe estar ahí para la consulta de estudiantes, historiadores y periodistas”, insiste Cambrollé, subrayando la importancia de conservar esta memoria como parte del patrimonio cultural español.
El colectivo LGTBI busca apoyos en el Congreso para que esta ley sea aprobada, y planea presentarla también a los sindicatos. Cambrollé subraya que España podría seguir el ejemplo de países como Argentina, que ya reconocen como crímenes de lesa humanidad la persecución a las personas trans. “Esta herida no se cierra mirando hacia otro lado, sino con generosidad y justicia”, concluye la activista. Este momento es clave para lograr una reparación real y definitiva.
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Fuente: El Salto