Una inquilina de Gijón denuncia acoso inmobiliario: sin luz en el portal desde julio y con pegatinas de desokupación en las puertas

Valeria firmó en abril de 2024 un contrato de alquiler de cinco años en Cimadevilla, el barrio marinero y obrero de Gijón. Le quedan tres años y medio, pero denuncia que los nuevos propietarios quieren vaciar el edificio. Desde el 7 de julio el portal está sin luz: tampoco la hay en los pasillos, ni siquiera la de emergencia, y fallan los timbres y la antena de televisión.

En mayo recibió un burofax que le informaba de que el edificio había sido comprado por J&C Inversiones y Recursos Patrimoniales SL, una sociedad limitada con actividad inmobiliaria que Público describe como fondo. Según Valeria, le dijeron que querían que se fueran y que necesitaban hacer obras, aunque ella comprobó en el Ayuntamiento que el inmueble está en buen estado.

Después aparecieron pegatinas en las cerraduras de todas las puertas del portal, con un teléfono de contacto. Al llamar de forma anónima, le dijeron, según su relato, que dos vecinos tenían contratos en vigor y que el objetivo era otro, con contrato de 2014. Le aseguraron que no le harían nada mientras mantuviera el suyo.

La empresa señalada por el sindicato dijo a Público que trabaja solo con particulares, que no tiene relación con este caso y que se dedica a la mediación. La propiedad no respondió a la información de este periódico, y Valeria asegura que tampoco a sus llamadas y correos.

El Sindicato de Inquilinas de Asturias denuncia en Gijón la presión de las empresas de desokupación y respalda a Valeria junto con la asociación vecinal de Cimadevilla, cuya presidenta, Carla, ofrece un apoyo «incondicional» para que se quede.

Es el relato de una sola inquilina, pero el contexto pesa. Cimadevilla es el barrio de Gijón con más viviendas turísticas y acaba de ser declarado zona tensionada. Según Valeria, ya no hay pisos por debajo de 700 euros; una amiga suya pasó de pagar 520 a 690 en octubre y la anterior inquilina de su vivienda pagaba 180 euros menos.

Un contrato en vigor debería bastar, también en Gijón. Cuando la ley protege sobre el papel y el portal está a oscuras, la vivienda deja de ser un derecho y se convierte en un obstáculo que el más débil debe sortear a ciegas.