Fátima Makhoukh 
Archivo/ELSOLIDARIO. El presidente tunecino Kaïs Saied y la situación migratoria .
El gobierno de Túnez ha intensificado su ofensiva contra las organizaciones no gubernamentales que asisten a migrantes, aumentando la persecución y los encarcelamientos de activistas.
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Bajo el mandato del presidente Kaïs Saied, se promueven políticas de criminalización hacia quienes brindan ayuda humanitaria, en medio de una creciente crisis migratoria en el norte de África.
La detención de miembros de ONG refleja un escenario preocupante para los derechos humanos en el país. Las autoridades justifican las acciones con un discurso antiinmigración, señalando a estas organizaciones como facilitadoras del flujo migratorio irregular hacia Europa.
Sin embargo, activistas y defensores de derechos humanos denuncian un ataque sistemático a las libertades civiles y humanitarias, agravado por la falta de respuestas estructurales a la crisis.
Persecución de las ONG
En mayo, la policía de Túnez arrestó a varios líderes y colaboradores de ONG que apoyan a migrantes, incluidos destacados activistas como Sherifa Riahi y Saadia Mosbah. Decenas de personas, entre ellas exfuncionarios municipales y propietarios de hoteles que acogían a refugiados, también fueron imputadas o interrogadas por sus vínculos con estas organizaciones, evidenciando una escalada en la represión contra quienes trabajan en labores humanitarias.
El investigador Romdhane Ben Amour, del Foro Tunecino para los Derechos Económicos y Sociales, declaró a los medios de comunicación que “Es una señal peligrosa, porque es la primera vez que las autoridades han utilizado [una acusación de terrorismo] para las entidades especializadas en la cuestión migratoria”.
El gobierno de Túnez intensificó su represión contra las ONG dedicadas a la migración tras una reunión del Consejo de Seguridad Nacional en mayo, donde el presidente Said calificó a estas organizaciones de «traidores» y «mercenarios». Se les acusó de recibir fondos extranjeros para facilitar la llegada de migrantes africanos al país. Poco después, comenzaron arrestos y medidas represivas, afectando a líderes, activistas y colaboradores. Este clima refleja un ataque directo a los derechos humanos y a la solidaridad migratoria en Túnez.
Era de Kaïs Saied: racista
La crisis migratoria en Túnez, pese a que los migrantes representan una mínima proporción de la población, ha escalado en la agenda política. El verano pasado tras un aumento de comentarios racistas en redes sociales, las autoridades deportaron a cientos de personas subsaharianas a zonas fronterizas con Libia, donde al menos 20 murieron de sed.
Aunque el gobierno inicialmente negó estas prácticas, el presidente Saied las reconoció en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, evidenciando la severidad de las políticas migratorias en su país.
La política del conservador Kaïs Saied ha generado alarma internacional. Desde su asunción, se han multiplicado las acusaciones de racismo institucional, exclusión y falta de respeto a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
La comunidad internacional observa con preocupación cómo estas medidas podrían consolidar un modelo represivo que compromete los principios básicos de solidaridad y protección a los más vulnerables.
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