Suecia fue durante décadas uno de los grandes símbolos europeos del Estado del bienestar. Servicios universales, impuestos elevados y redistribución construyeron una sociedad asociada internacionalmente con la igualdad.
El sistema todavía existe.
Pero una parte creciente funciona con una lógica distinta: el Estado financia, mientras empresas privadas prestan el servicio y pueden obtener beneficios.
La privatización avanzó especialmente desde los años noventa. En educación, las friskolor reciben financiación pública por alumno aunque muchas estén gestionadas por compañías con ánimo de lucro. En sanidad, alrededor del 40% de los centros de atención primaria son privados, mientras el sector público financió el 86% del gasto sanitario en 2024.
Es decir: el riesgo permanece socializado, pero el beneficio puede privatizarse.
La investigadora Åsa Plesner, de la Universidad de Estocolmo, advierte además de que la privatización y las diferencias territoriales han debilitado el funcionamiento del modelo universal. En educación preocupa también la segregación: las familias con más recursos y conocimientos pueden aprovechar mejor la libertad de elección.
Al mismo tiempo, Suecia ha eliminado impuestos sobre patrimonio, sucesiones y donaciones, mientras el número de grandes fortunas se ha disparado. Una investigación de Aftonbladet vinculó al menos 18 nuevas fortunas con negocios financiados por el propio Estado del bienestar.
Eso cambia la pregunta sobre privatizar.
Ya no basta con preguntar quién gestiona mejor.
También hay que preguntar quién recibe el dinero, quién asume las pérdidas y qué ocurre cuando una escuela, una residencia o una consulta médica se convierte en oportunidad de inversión.
Suecia sigue financiando derechos colectivamente.
El debate es si esos derechos deberían servir también para fabricar fortunas privadas.
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