Fausto 
Tomado de confilegal.com/El Solidario: Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez.
En un nuevo y bochornoso capítulo de judicialización de la política, el juez Juan Carlos Peinado imputó a Cristina Álvarez, asesora de Moncloa y secretaria de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El magistrado decidió dirigir la investigación contra Álvarez tras su declaración como testigo y la recopilación de informes sobre su intervención en los hechos.
MUY INTEREANTE
El caso se centra en las acusaciones de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, delitos que presuntamente involucran a Begoña Gómez y, por extensión, a su asesora.
Según el juez Peinado, existen indicios suficientes para cambiar el estatus procesal de Álvarez de testigo a imputada, lo que ha generado un revuelo mediático y político.
Cristina Álvarez, quien fue contratada en 2018 para asistir a Begoña Gómez en la gestión de su agenda pública y privada, ha sido señalada por su participación en la licitación de contratos y la gestión de patrocinios para la cátedra que codirigía Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.
La imputación de Álvarez se basa en correos electrónicos y registros de llamadas que, según el juez, podrían constituir pruebas de su implicación en los delitos investigados.
No para el ataque judicial politizado
Sin embargo, esta imputación no puede ser vista de manera aislada. En un ambiente enrarecido por la polarización política y ataques constantes al Gobierno de Sánchez, la judicialización de la política se ha convertido en una herramienta para desestabilizar y desacreditar a figuras clave del Ejecutivo.
La imputación de Álvarez es un claro ejemplo de cómo se utilizan los tribunales para perseguir a personas cercanas al poder, en un intento de erosionar la credibilidad y la legitimidad del Gobierno.
Es fundamental que la justicia actúe con imparcialidad y sin influencias políticas. La imputación de Cristina Álvarez debe ser investigada a fondo, pero también es necesario cuestionar las motivaciones detrás de este proceso judicial. ¿Es realmente una búsqueda de justicia o un intento de dañar la imagen del Gobierno?
La transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales de una democracia sana. Sin embargo, cuando la justicia se utiliza como arma política, se corre el riesgo de socavar la confianza en las instituciones y en el Estado de derecho. Es responsabilidad de todos defender la independencia judicial y garantizar que los procesos legales se lleven a cabo de manera justa y equitativa.
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