Fausto 
El Solidario. Reino Unido institucionaliza la exclusión, y normaliza que se cuestione la identidad de las personas trans.
El reciente fallo del Tribunal Supremo británico, que niega a las mujeres trans el reconocimiento como mujeres legales bajo la Ley de Igualdad de 2010, marca un peligroso retroceso en la lucha por los derechos LGTBIQ+.
Aunque la decisión se reviste de legalismo, su trasfondo es ideológico: responde a la creciente presión de sectores conservadores que, bajo el discurso de la “protección de las mujeres biológicas”, promueven abiertamente la discriminación.
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En una sentencia que ha sido celebrada por medios ultraconservadores como ACI Prensa, se establece que incluso quienes poseen un Certificado de Reconocimiento de Género (GRC) no podrán ser reconocidas como mujeres en espacios considerados de “acceso exclusivo por sexo biológico”, como refugios para víctimas de violencia machista o prisiones femeninas.
Con esto, el Reino Unido institucionaliza la exclusión, y normaliza que se cuestione la identidad de las personas trans, abriendo la puerta a una peligrosa jurisprudencia discriminatoria.
Diversos colectivos y activistas han alzado la voz contra este veredicto, alertando del efecto dominó que puede tener en otros países europeos donde también crecen los discursos transfóbicos y las políticas identitarias impulsadas por la extrema derecha.
Lo más alarmante es que esta sentencia no solo erosiona derechos conquistados, sino que legitima la idea de que la protección de unos sectores sociales exige sacrificar la dignidad y la existencia de otros.
Detrás de este fallo no hay defensa de las mujeres, sino un discurso reaccionario que invisibiliza y patologiza a las personas trans. Quienes aplauden esta sentencia olvidan que los derechos no se reparten ni se negocian, se garantizan. El Reino Unido, cuna histórica de luchas por la libertad, ha decidido ahora convertirse en referente de regresión.
Frente a esta deriva, la resistencia debe ser firme y solidaria. Porque los derechos trans son derechos humanos, y defenderlos no es una opción ideológica: es una urgencia democrática.
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