El Gobierno español ha planteado una reforma en la ley de extranjería como condición para facilitar un sistema de reparto territorial de migrantes. Esta propuesta, según fuentes del Ejecutivo, busca una mayor colaboración entre comunidades autónomas en la acogida de personas migrantes que llegan al país, con el objetivo de distribuir la responsabilidad de forma equitativa y aliviar la presión en los puntos de llegada, principalmente en las zonas costeras del sur y las islas Canarias.
El Ejecutivo ve la reforma de la ley como un paso fundamental para garantizar que las autonomías puedan gestionar el flujo migratorio de forma organizada y bajo un marco legal adaptado a las actuales demandas.
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Sin embargo, la medida depende de que el Partido Popular acepte participar en el proceso de reforma. Aunque el PP ha manifestado cierta disposición a colaborar, ha indicado también que no apoyará cambios ineficaces o que puedan debilitar el control fornterizo.
Según fuentes populares, cualquier modificación de la ley debe venir acompañada de garantías en materia de seguridad y control de los flujos migratorios, asegurando que España mantenga su compromiso con la normativa europea.
Desde Moncloa consideran que la colaboración del PP es clave para lograr el consenso necesario, ya que la reforma requiere una mayoría parlamentaria amplia. El Gobierno espera que este acuerdo permita avanzar hacia una política migratoria descentralizada y solidaria, que responda a las necesidades tanto de los migrantes como de las comunidades receptoras.
La reforma en la ley de extranjería se ha convertido en un tema prioritario en la agenda del Ejecutivo, que busca asegurar el apoyo parlamentario en las próximas semanas.
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