PP y Vox quieren castigar a Canarias negándoles solidaridad con el reparto de menores inmigrantes
Fausto 
Con más de 5,500 menores bajo tutela, el sistema de acogida está al borde del colapso.
Con más de 5,500 menores bajo tutela, el sistema de acogida está al borde del colapso.
El Gobierno de España enfrenta un desafío crucial en su intento de reformar la Ley de Extranjería para garantizar un reparto equitativo de los menores migrantes no acompañados que llegan a Canarias. La propuesta, que busca aliviar la presión sobre el archipiélago, se encuentra en un punto crítico debido a las reticencias de varias comunidades autónomas, especialmente aquellas gobernadas por el Partido Popular (PP) y Junts per Catalunya.
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La situación en Canarias es insostenible
Con más de 5,500 menores bajo tutela, el sistema de acogida está al borde del colapso. El Gobierno central, en colaboración con el Ejecutivo canario, ha propuesto una reforma urgente del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Esta modificación permitiría un reparto obligatorio de los menores entre todas las comunidades autónomas en situaciones de emergencia, como la que actualmente vive Canarias.
Sin embargo, la falta de consenso amenaza con paralizar esta iniciativa. Vox ha mostrado una oposición rotunda a cualquier cambio en la legislación, mientras que el PP y Junts exigen modificaciones específicas antes de dar su apoyo. Esta falta de acuerdo pone en riesgo no solo la reforma, sino también el bienestar de miles de menores que han llegado a España en busca de un futuro mejor.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha hecho un llamado a la responsabilidad y solidaridad de todas las comunidades autónomas.
“No podemos permitir que la carga recaiga únicamente sobre Canarias. Es una cuestión de justicia y humanidad. Estos menores necesitan protección y un entorno seguro para crecer y desarrollarse”, afirmó Torres en una reciente rueda de prensa.
La reforma propuesta incluye medidas específicas para garantizar que los menores reciban la atención adecuada en todas las comunidades autónomas. Esto incluye la creación de nuevos centros de acogida y la asignación de recursos adicionales para apoyar a las familias y comunidades que los reciban. Además, se prevé la implementación de programas educativos y de integración social para facilitar su adaptación y desarrollo.
Apoyo a la reforma: Necesidad urgente
Organizaciones de derechos humanos y colectivos sociales han expresado su apoyo a la reforma, destacando la necesidad de una respuesta coordinada y solidaria.
“Es fundamental que España demuestre su compromiso con los derechos humanos y la protección de los menores migrantes. No podemos cerrar los ojos ante esta realidad”, señaló María Fernández, portavoz de la ONG Save the Children.
El futuro de esta reforma depende ahora de la capacidad del Gobierno para negociar y alcanzar un acuerdo con las comunidades autónomas. La solidaridad y el compromiso con los derechos humanos deben prevalecer para garantizar un futuro digno para estos menores. La sociedad española espera una respuesta que esté a la altura de los valores de justicia y humanidad que siempre ha defendido.
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