Polémico cambio legal de Mazón para que altos cargos valencianos ganen más que el presidente de la Generalitat
Fausto 
Archivo/ELSOLIDARIO. El president de la Generalitat, Carlos Mazón.
Un cambio introducido por el gobierno de Carlos Mazón en la ley de presupuestos de 2023 genera indignación y rechazo al permitir que una decena de altos cargos de la Generalitat Valenciana, especialmente en el área de Sanidad, perciban salarios superiores al del propio presidente.
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Con retribuciones que alcanzan los 96.000 euros anuales gracias a nuevos complementos, esta medida evidencia un uso cuestionable de los recursos públicos.
Privilegios en tiempos de austeridad
El incremento salarial aprobado por el Partido Popular se centra en los altos funcionarios de Sanidad, un área crítica que enfrenta desafíos como listas de espera, falta de personal sanitario y hospitales saturados. La medida, sin embargo, contrasta con la realidad de miles de empleados públicos valencianos que siguen sin ver mejoras significativas en sus condiciones laborales.
Mientras que el presidente de la Generalitat percibe 86.000 euros anuales, estos cargos beneficiados superan ampliamente esta cifra. Las críticas no se han hecho esperar, especialmente desde sectores sociales y políticos que ven esta decisión como un ejemplo de mala gestión y una falta de sensibilidad en un contexto económico complejo.
Desigualdad y prioridades erróneas
En un momento en el que la inflación y la tragedia golpea a las familias valencianas, decisiones como esta refuerzan la percepción de una política desconectada de las necesidades reales de la ciudadanía y entregada a la politiquería y la burocracia.
Aunque algunos defensores de la medida argumentan que busca atraer talento y garantizar la eficacia en la gestión, otros cuestionan la legitimidad de priorizar aumentos salariales para altos cargos frente a urgencias como la mejora de la sanidad pública o el acceso a la vivienda.
Además, esta decisión podría sentar un peligroso precedente, alimentando la desconfianza en la clase política y debilitando los principios de igualdad y transparencia que deberían guiar el ejercicio del poder.
La Generalitat debe ser ejemplo de equidad y responsabilidad, no de privilegios injustificados. Este cambio legal pone sobre la mesa una pregunta crucial: ¿Quién supervisa las prioridades del gasto público? La política debe estar al servicio de la mayoría, no de unos pocos. ¿Qué medidas reales se tomarán para revertir esta injusticia?
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