Fatima Makhoukh 
Archivo/ELSOLIDARIO. Alumnos en el recreo y el libro Bajaré de la luna en tirolina.
La Fundación Española de Abogados Cristianos ha interpuesto una denuncia ante la Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid contra una profesora de Lengua de un colegio en Leganés. La acusación se basa en que la docente habría asignado a estudiantes de 11 años la lectura de la novela «Bajaré de la luna en tirolina», escrita por Santi Balmes, líder de la banda Love of Lesbian. Según la organización ultracatólica, el libro contiene pasajes que abordan temas como prostitución, orgías, drogas e incluso plantea la posibilidad de mantener relaciones sexuales con un cadáver.
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La novela, publicada en 2021, narra la historia de un preadolescente que, tras la separación de sus padres y el distanciamiento de su hermano mayor, enfrenta los desafíos propios de la adolescencia, incluyendo su primer amor. La editorial Planeta ha señalado que la obra no está catalogada como literatura infantil, sino como literatura para adultos. A pesar de ello, la profesora habría solicitado a los alumnos la lectura en voz alta de este libro durante las clases.
Los padres de los estudiantes, representados por Abogados Cristianos, exigen la inhabilitación de la docente, argumentando que no es apta para decidir sobre el contenido educativo impartido a los menores. Además, afirman que la profesora admitió no haber leído previamente el libro y, pese a conocer su contenido durante la lectura en clase, no detuvo la actividad. La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha instado a la Consejería de Educación a actuar y sancionar a la profesora, alegando que lecturas como esta vulneran el derecho constitucional de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos.
La editorial Planeta aclara que la novela Bajaré de la luna en tirolina de Santi Balmes, publicada en 2021, está catalogada como literatura adulta y no infantil. Por su parte, Isabel Galvín, de CCOO, defiende que los planes de lectura son parte de proyectos educativos aprobados en el Consejo Escolar, a los cuales las familias pueden acceder durante la matriculación.
Galvín también ha señalado que, aunque la programación establezca ciertas lecturas, los profesores tienen la facultad de ajustar y complementar el material según la evolución y necesidades del alumnado, siempre que esté en consonancia con el currículo educativo. Además, ha indicado que, dado que los hechos ocurrieron en 2022, cualquier acción disciplinaria habría prescrito, sugiriendo que la denuncia busca generar miedo entre el profesorado y limitar su libertad educativa.
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