Poder Judicial: La Comisión Europea reconoce avances en España pero señala problemas persistentes

Progreso en la Justicia Española

España ha logrado un progreso notable con el reciente acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras cinco años de bloqueo. Este logro ha sido destacado en el análisis anual sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea. La renovación del CGPJ se había identificado como un problema prioritario, con advertencias de que la situación afectaba gravemente al funcionamiento de la justicia en el país.

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Acuerdo histórico

El acuerdo fue mediado por la Comisión Europea y firmado el pasado 25 de junio por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el dirigente del PP, Esteban González Pons, en presencia de la vicepresidenta de la Comisión, Vera Jourová. Sin embargo, Bruselas considera que este capítulo solo se cerrará completamente cuando el nuevo CGPJ presente una propuesta para cambiar el sistema de elección de los vocales, según lo estipulado en el acuerdo.

Ley de amnistía y otros desafíos

El informe de la Comisión Europea menciona pero no valora la ley de amnistía a los encausados del procés independentista catalán, limitándose a describir la situación y señalando que sigue analizando esta norma. Sin embargo, la Comisión Europea mantiene sus recomendaciones anteriores, incluyendo la separación de los mandatos del fiscal general del Estado y del Gobierno para garantizar la independencia de la fiscalía. Además, la Comisión destaca que aún no se ha legislado sobre lobbies ni se ha creado un registro público de lobbistas. Tampoco se han mejorado las normas sobre conflictos de intereses y declaración de bienes de altos cargos, ni se ha revisado la ley de secretos oficiales para mejorar el acceso a la información.

Presión política

Además, el informe expresa preocupación por la presión indebida sobre el poder judicial por parte de políticos y gobernantes en algunos Estados miembros, incluyendo España. “El riesgo de que las declaraciones públicas de Gobiernos y políticos puedan afectar a la confianza pública en la independencia judicial ha generado preocupación en Eslovaquia, Italia y España”, recoge el texto.

Lo que queda claro es que España está avanzando en la renovación de su sistema judicial, pero aún queda trabajo por hacer para asegurar la plena independencia y eficacia del poder judicial, manteniendo así la confianza de los ciudadanos en sus instituciones democráticas.

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