Fausto 
Archivo/El Solidario. La intervención del Estado, al asumir un rol directo en el mercado, puede equilibrar una balanza descompensada por la lógica del lucro privado.
En el cierre del 41º Congreso Federal del PSOE, Pedro Sánchez anunció la creación de una empresa pública de vivienda que buscará garantizar el acceso a viviendas asequibles mediante la construcción y gestión estatal. Esta iniciativa supone un avance significativo para enfrentar la crisis habitacional, atacando de raíz la especulación inmobiliaria que perpetúa la desigualdad.
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El modelo, inspirado en experiencias europeas exitosas, responde a una realidad donde los jóvenes, las familias trabajadoras y los sectores vulnerables ven el derecho a la vivienda cada vez más lejos. La intervención del Estado, al asumir un rol directo en el mercado, puede equilibrar una balanza descompensada por la lógica del lucro privado.
Sin embargo, este proyecto no está exento de desafíos. Los críticos señalan posibles tensiones con los grandes actores del sector inmobiliario y cuestionan la capacidad del Estado para gestionar eficientemente un proyecto de esta magnitud. Además, queda por definir cómo se financiará y qué garantías habrá de transparencia en su ejecución.
Por otro lado, esta propuesta pone sobre la mesa el debate sobre el papel del Estado en el bienestar social. Más allá de las críticas, la creación de esta empresa pública refuerza la idea de que la vivienda es un derecho, no un privilegio.
En medio de una crisis de vivienda, con una marcada inflación y precarización, esta empresa podría marcar un hito en las políticas sociales de España.
¿Será este el punto de inflexión para garantizar el acceso a la vivienda como un derecho universal?
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