El desahucio de Josefina, una viuda de 62 años con discapacidad, de una vivienda de la Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid en Leganés, ha quedado paralizado, según la PAH de Leganés. Josefina vive con sus cinco hijos y depende económicamente de ellos porque su discapacidad le impide trabajar.
El origen del conflicto es burocrático. La Comunidad adjudicó la vivienda cuando estaba casada y el contrato quedó a nombre del marido. Tras su muerte, una inspección rutinaria exigió regularizar la situación mediante un cambio de titularidad o una subrogación. Josefina dice que presentó los trámites y que después dos trabajadoras le comunicaron que el expediente estaba archivado por falta de documentación.
El desahucio estaba fijado para el 6 de octubre. Una jueza lo aplazó unos días tras aceptar un recurso urgente para aportar documentación pendiente, y volvió a fijarse para el martes siguiente. En las horas previas, sus representantes legales presentaron un nuevo recurso en el que alegan que cumple tres de las condiciones del último Real Decreto-ley para frenar desahucios de personas vulnerables.
La portavoz de la PAH de Leganés, Feli Velázquez, asegura que el desahucio queda aplazado sin fecha. La información disponible no detalla la resolución judicial que lo motivó.
La nota no recoge una declaración oficial de la Comunidad de Madrid. Según la PAH, la administración argumentó que los hijos ya son mayores de edad y que hay otras familias que necesitan más la vivienda pública. La familia rechaza ese razonamiento y sostiene que su situación de vulnerabilidad persiste. Tampoco se explica si el procedimiento obedece a un impago o a la falta de título.
Ese argumento, el de las familias que necesitan más, revela el problema de fondo. Cuando el parque público es escaso, la administración acaba obligando a los pobres a competir entre sí por un techo, en lugar de ampliar la oferta.
La vivienda pública existe para que una familia sin alternativa no acabe en la calle. Sería una paradoja cruel que la propia administración desahucie a una viuda con discapacidad por un papeleo que se archivó tras la muerte del titular. Un derecho que un desahucio puede borrar por un expediente no es un derecho: es un permiso revocable.
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