Alfonsina 
Los trabajadores bananeros en Panamá se sumaron a otros sectores para protestar por las reformas a la seguridad social / Toma resumenlatinoamericano / El Solidario
Abogados, docentes y organizaciones sociales han tomado las calles de Panamá para exigir la derogación de la polémica Ley 462 de la Caja de Seguro Social y denunciar la creciente represión del gobierno de José Mulino. La defensa de los Derechos Humanos y el Estado de derecho se ha convertido en una causa común para amplios sectores de la ciudadanía.
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Un país en pie de lucha
En medio de un clima de persecución política, Panamá atraviesa uno de los momentos más tensos de su historia reciente. Las protestas se intensifican mientras trabajadores, juristas y docentes denuncian la criminalización de la disidencia y la violación sistemática de los derechos laborales. La indignación popular crece ante lo que muchos califican como una deriva autoritaria.
La huelga indefinida, iniciada el 23 de abril por los gremios magisteriales, tiene como principal demanda la derogación de la Ley 462, considerada lesiva para la seguridad social. La protesta también se opone a un memorando de entendimiento con Estados Unidos, visto como una amenaza a la soberanía nacional. Las organizaciones denuncian el intento del gobierno de privatizar los fondos de los trabajadores.
Represión y resistencia popular
El abogado Genaro López Brutón denunció la persecución contra su padre, líder sindical trasladado a una cárcel de máxima seguridad. Otros dirigentes, como Saúl Méndez, se encuentran refugiados o en la clandestinidad. Las manifestaciones, que incluyen marchas de movimientos de mujeres y sindicatos, han sido respondidas con violencia policial, dejando detenidos, heridos y numerosos procesos judiciales abiertos.
El Frente Amplio por la Democracia, junto a otros colectivos sociales, ha respaldado la lucha. Las movilizaciones recuerdan a las de 2023 contra la minería a cielo abierto y reflejan el hartazgo social ante la imposición de políticas neoliberales. Mientras el gobierno niega el diálogo, las calles se llenan de ciudadanos que exigen dignidad, justicia y respeto a la Constitución.
El pueblo panameño demuestra que la resistencia es legítima cuando el poder político ignora las leyes y derechos fundamentales. En momentos en que el autoritarismo avanza bajo discursos democráticos, la defensa del Estado de derecho y de los derechos sociales no es una opción, sino una obligación ética. La lucha por una democracia real empieza en las calles y no puede esperar más.
Recordemos que históricamente, América Latina ha sido escenario del intervencionismo de Estados Unidos, que ha apoyado regímenes autoritarios, promovido tratados desiguales e intervenido política, militar y económicamente en procesos internos. El rechazo al memorando de entendimiento con EE.UU. por parte de los docentes panameños refleja ese hartazgo acumulado ante una presencia que ha socavado la soberanía de los pueblos latinoamericanos. Hoy, en Panamá, se revive ese legado de tutelaje encubierto, donde decisiones sobre salud pública y políticas sociales parecen responder más a intereses externos que al mandato popular.
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