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Los agricultores neerlandeses han vuelto a sacar los tractores a las carreteras contra los planes del Gobierno para reducir la contaminación por nitrógeno. Las protestas recientes se han concentrado junto a autopistas como la A16 y la A27, pero son parte de un conflicto que lleva años encendido: cómo reducir emisiones agrícolas sin empujar a miles de granjas al cierre ni convertir al campo en enemigo público.
El Gobierno neerlandés está bajo presión judicial y ambiental. Los tribunales le han exigido actuar con más firmeza para reducir depósitos de nitrógeno que dañan espacios naturales protegidos. La agricultura intensiva, especialmente la ganadería, es una parte central del problema. Negarlo sería irresponsable.
Pero también sería injusto ignorar el miedo real de muchas familias agricultoras. En 2022, los planes de reducción ya se asociaban a una caída de hasta el 30% del ganado y a cierres de explotaciones, especialmente cerca de áreas naturales sensibles. Desde entonces, cada nuevo paquete se lee en el campo como amenaza existencial.
Ahí está la lección que Europa no termina de aprender: la transición ecológica no puede hacerse contra los trabajadores ni sin ellos. Reducir emisiones es imprescindible. Pero si el plan solo llega como cierre, multa o imposición, la extrema derecha y los negacionistas tendrán el terreno abonado para convertir la defensa del campo en guerra cultural.
Los agricultores no pueden tener derecho a contaminar sin límite. Las ciudades no pueden exigir naturaleza protegida mientras consumen barato y externalizan costes. Y los gobiernos no pueden pedir sacrificios sin ofrecer futuro.
El nitrógeno es un problema ambiental. Pero el modo de resolverlo es una prueba democrática.