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Imagen: eldiario.es. El Solidario. Varias mujeres en la manifestación del 8M en Madrid.
El Congreso de los Diputados ha dado un paso decisivo en la lucha contra la violencia de género al renovar el Pacto de Estado, incorporando por primera vez la violencia económica como una manifestación de violencia machista.
Este acuerdo, respaldado por la mayoría de los grupos parlamentarios, excepto Vox, introduce más de 460 medidas destinadas a combatir diversas formas de violencia contra las mujeres, incluyendo la violencia vicaria, digital y económica.
Entre las reformas más destacadas, se encuentra la tipificación de la violencia económica en el ordenamiento jurídico español.
Esta forma de maltrato, que busca limitar la autonomía financiera de las mujeres, será reconocida y sancionada penalmente.
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Además, se propone reforzar el artículo 227 del Código Penal para incluir el impago de pensiones acordadas ante notario y agravar las penas cuando dicha conducta provoque la pérdida de la vivienda o limite el acceso a recursos básicos para la víctima.
Violencia vicaria, violencia digital y económica
El nuevo pacto también aborda la violencia vicaria, aquella que se ejerce sobre los hijos para causar daño a la madre.
Se contemplan medidas como la reforma de la ley contra la violencia de género para reconocer a los menores como víctimas directas y evitar que se acuerden visitas con el agresor.
Asimismo, se establece la obligatoriedad de realizar evaluaciones paterno-filiales antes de dictar resoluciones judiciales sobre regímenes de visitas en casos de violencia de género.
En cuanto a la violencia digital, el pacto propone la creación de un nuevo tipo penal que sancione conductas como la suplantación de identidad y la difusión no consentida de imágenes íntimas, incluyendo aquellas modificadas mediante inteligencia artificial.
Además, se enfatiza la necesidad de formar a los jóvenes en el uso seguro de las tecnologías y dotarlos de herramientas para denunciar situaciones de violencia en entornos digitales.
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Este renovado Pacto de Estado contra la Violencia de Género también contempla un incremento del 50% en su presupuesto, alcanzando los 1.500 millones de euros.
Las comunidades autónomas recibirán 160 millones de euros anuales, mientras que los ayuntamientos dispondrán de 40 millones, destinados a reforzar programas de prevención y atención a víctimas en todo el territorio nacional.
Con estas medidas, España refuerza su compromiso en la erradicación de todas las formas de violencia machista, adaptando su marco legal y de protección a las realidades emergentes y garantizando una respuesta integral y efectiva para las víctimas.
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