Moreno Bonilla es acusado de desviar millones en fondos públicos en Andalucía
María Luisa Abarca Sánchez 
Imagen tomada de cadenaser.com : El Soliddario. Juan Manuel Moreno Bonilla es acusado de desviar millones de euros de fondos públicos de la sanidad andaluza.
El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha iniciado una investigación sobre un presunto caso de prevaricación en la adjudicación de contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) a clínicas privadas, por un valor de 243 millones de euros. La Fiscalía Anticorrupción ha tomado las riendas del caso, reclamando los expedientes que podrían evidenciar un «desvío masivo e irregular» de fondos públicos a entidades privadas.
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Eliminación de controles: la clave del presunto fraude
El epicentro de esta controversia se sitúa en la decisión del Consejo de Gobierno del 6 de octubre de 2020, presidido por Juanma Moreno Bonilla, de eliminar los controles previos para la contratación por emergencia en el SAS. Esta medida, según los socialistas andaluces, facilitó un sistema de contratación irregular que ha perjudicado gravemente los fondos públicos.
Rafael Márquez, coordinador de Presidencia del Grupo Socialista, ha señalado que esta decisión fue clave para desencadenar el presunto fraude que ahora investiga la justicia. El magistrado Francisco Javier Santamaría ha citado a declarar a los tres últimos directores del SAS: Valle García, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas.
El informe de la Intervención de la Junta de Andalucía ha revelado que los contratos de emergencia se gestionaron sin la debida fiscalización, lo que permitió un uso indebido de los fondos públicos hasta un año después del impacto inicial de la pandemia de COVID-19. En total, se estima que el fraude podría alcanzar los 428 millones de euros.
La gravedad de estos hechos ha llevado a los socialistas a exigir explicaciones inmediatas en sede parlamentaria, subrayando que Moreno Bonilla no puede eludir su responsabilidad en este escándalo. La retirada del control financiero previo y la posterior auditoría anual han sido criticadas por su falta de transparencia y eficacia.
Este caso pone de manifiesto la necesidad urgente de reforzar los mecanismos de control y transparencia en la gestión de los fondos públicos. La ciudadanía andaluza merece una sanidad pública eficiente y libre de corrupción. Es imperativo que se tomen medidas contundentes para garantizar que los recursos destinados a la salud se utilicen de manera justa y equitativa.
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