En un movimiento político que ha generado una ola de indignación, el Gobierno argentino ha presentado el proyecto de ley «Igualdad ante la Ley», que propone eliminar el femicidio, los documentos no binarios y los cupos trans.
Este proyecto, impulsado por Santiago Caputo y María Ibarzabal Murphy, será presentado en el período de sesio nes ordinarias, aunque en la Casa Rosada reconocen que difícilmente avance en el Congreso.
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El proyecto de ley, que busca derogar normativas vinculadas a la protección de las minorías y la igualdad de género, ha sido justificado por el Gobierno como un intento de eliminar la «discriminación selectiva». Sin embargo, esta medida representa un grave retroceso en los derechos conquistados por los colectivos feministas y LGBT+ en Argentina.
Legitimación de la violencia de género
La eliminación de la figura del femicidio como agravante penal es una de las propuestas más controvertidas. Esta figura legal, que reconoce la violencia de género como un delito agravado, ha sido fundamental para visibilizar y combatir la violencia contra las mujeres. Su eliminación no solo desprotege a las víctimas, sino que también envía un mensaje peligroso de impunidad a los agresores.
Por otro lado, la propuesta de eliminar los documentos no binarios y los cupos trans es un ataque directo a la identidad y los derechos de las personas LGBT+. Estos documentos y cupos han sido logros históricos que reconocen la diversidad de género y promueven la inclusión en el ámbito laboral y social. Su eliminación no solo invisibiliza a estas personas, sino que también perpetúa la discriminación y la exclusión.
El proyecto de ley «Igualdad ante la Ley» es un claro ejemplo de cómo el discurso de la «igualdad» puede ser utilizado para justificar la eliminación de derechos y la perpetuación de desigualdades. En lugar de avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva, esta medida nos retrotrae a tiempos de mayor discriminación y violencia.
Es crucial que la sociedad argentina se movilice para defender los derechos conquistados y rechace este proyecto de ley. La igualdad ante la ley no puede ser una excusa para eliminar las protecciones y los derechos de las minorías. La lucha por la justicia y la igualdad debe continuar, y es responsabilidad de todos alzar la voz contra estas medidas regresivas.
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