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El Ayuntamiento de Sevilla ha dado luz verde a la licencia para construir el Centro Cultural Islámico del Polígono Sur, un proyecto impulsado por la Fundación Mezquita de Sevilla en suelo privado. No es una cesión pública ni una obra pagada con dinero municipal: es una iniciativa privada que, según las fuentes consultadas, cuenta con un presupuesto situado entre 12 y 15 millones de euros.
La financiación viene de aportaciones particulares, campañas de donaciones y apoyos internacionales. La propia fundación reconoce una donación de 1 millón de dólares del Gobierno de Malasia, realizada hace años a través de su embajada en España. También afirma estar sujeta a la normativa española de prevención de blanqueo y financiación del terrorismo.
¿Es constitucional construir una mezquita? Sí. La Constitución Española garantiza la libertad religiosa y de culto, y la Ley Orgánica de Libertad Religiosa reconoce expresamente el derecho de las confesiones a establecer lugares de culto. La clave jurídica no es si a Vox le gusta o no una mezquita, sino si el proyecto cumple la normativa urbanística. Y los informes técnicos municipales concluyeron que el uso es compatible con la parcela y que denegar la licencia sin causa legal sería incumplir la ley.
Los bulos han hecho el resto. Se ha hablado de “prioridad musulmana” en la atención médica del centro. La fundación lo niega y explica que sería un servicio abierto a todos, con atención específica a necesidades culturales o religiosas, igual que otros servicios adaptan dietas, horarios o acompañamientos.
Vox quiere impedirlo porque ha convertido el proyecto en una bandera identitaria: “islamización”, “nuestras raíces”, “nuestros barrios”. Es el mismo guion de siempre: presentar a una minoría religiosa como amenaza y disfrazar la discriminación de defensa cultural.
El Polígono Sur necesita vivienda, empleo, limpieza, seguridad, colegios y servicios públicos. Pero una mezquita privada no le quita presupuesto a nada de eso. Lo que sí le quita dignidad al barrio es usarlo como excusa para negar derechos a vecinos musulmanes.