Mercadona, Lidl, Aldi y Dia frenan el plan de crear un supermercado público en plena crisis de precios
Ismael Valdenebro 
Fuente Prensa Ibérica
El debate sobre el encarecimiento de la cesta de la compra vuelve a tensionar las relaciones entre el sector privado y las propuestas de intervención estatal. La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), patronal que representa a gigantes como Mercadona, Lidl, Aldi y Dia, ha rechazado de forma tajante la creación de una cadena de supermercados de titularidad pública, calificando la iniciativa de «ocurrencia sin sentido». Frente a los discursos que cuestionan los márgenes empresariales, la patronal apela al valor del esfuerzo privado y a la responsabilidad social corporativa para garantizar el abastecimiento a precios competitivos.
Ignacio García Magarzo, director general de Asedas, ha manifestado su preocupación ante lo que considera un ataque injustificado impulsado por intereses políticos. Según los datos del sector, la distribución alimentaria española destaca por ser una de las más competitivas y eficientes de Europa, habiendo absorbido gran parte de los costes logísticos durante las peores etapas inflacionistas. La patronal argumenta que el verdadero apoyo a las familias vulnerables no pasa por crear estructuras estatales deficientes, sino por promover una reducción de impuestos al consumo (como el IVA) y aliviar las cargas regulatorias que asfixian la cadena de valor.
Más allá de la disputa ideológica, el sector defiende su papel como motor de empleo y cohesión territorial. El modelo de supermercado de proximidad cerró el ejercicio anterior con una inversión récord de 1.300 millones de euros y la creación de 10.000 puestos de trabajo. Las empresas de distribución han demostrado un firme compromiso con la solidaridad económica y la estabilidad del empleo local, gestionando más de 20.000 puntos de venta que garantizan el acceso a la alimentación en cada rincón del país. Para la patronal, el foco debe centrarse en generar un marco de confianza mutua, y no en implementar nuevos gravámenes que terminen encareciendo la cesta de la compra de los ciudadanos.
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