Un acuerdo entre PSOE y Sumar promete desbloquear la regularización de migrantes, ¿pero será suficiente para acabar con la injusticia y el bloqueo?
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El camino hacia la regularización ha estado plagado de obstáculos y promesas incumplidas. Hoy, tras meses de bloqueo y prórrogas injustificadas en el Congreso, el Movimiento RegularizaciónYa celebra un pequeño avance: el fin del periodo de enmiendas de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que busca regularizar a 500 mil personas. ¿Pero este desbloqueo será suficiente para garantizar una vida digna a quienes ya forman parte de nuestra sociedad?
Acuerdo frágil y esperanzas en juego
PSOE y Sumar han llegado a un acuerdo que, al menos en papel, pondrá fin a las trabas que han frenado el avance de la ILP. Este pacto, anunciado con optimismo por algunos sectores, no garantiza el debate inmediato ni su aprobación antes de octubre. «Seguiremos luchando para que esta regularización sea flexible y sin requisitos excluyentes«, aseguró Silvana Cabrera, portavoz de RegularizaciónYa.
Sin embargo, desde el movimiento hacen un llamado a no caer en el triunfalismo. El verdadero reto está por venir: garantizar que los migrantes no solo sean números, sino protagonistas en la creación de las leyes que los afectan. «La regularización no puede ser una promesa vacía«, señala Edith Spínola, otra portavoz. En un contexto donde crecen los discursos de odio, la urgencia de la justicia social no puede seguir postergándose.
¿Quién protege a los migrantes de la explotación?
A pesar de que la ILP puede cambiar la vida de medio millón de personas, el proceso de regularización sigue plagado de irregularidades y fraudes. Las redes ilegales aprovechan la desesperación de quienes, sin papeles, no encuentran otra salida. Spínola exige que la Administración tome medidas urgentes: «No podemos permitir que las citas en Extranjería sean controladas por mafias«.
El desbloqueo de la ILP es solo un primer paso. La batalla no termina aquí. Para RegularizaciónYa, la regularización extraordinaria no puede depender de voluntades políticas cambiantes, sino de una responsabilidad ética ineludible. Si España quiere ser un país justo, no puede cerrar los ojos ante las vidas que ya están aquí, contribuyendo y construyendo un futuro mejor para todos.
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Fuente: El Salto