Verónica Mas 
Archivo: El Solidario. Vivienda turística en Sevilla
Las ciudades de España se están convirtiendo en un transitar de paraguas de colores llevados por guías que enseñan las muchas peculariedades e historias que los españoles, antes musulmanes, visigodos e íberos, guardamos en nuestras esquinas llenas de geranios.
Bueno, lo de los geranios era antes. Porque ahora, con la proliferación de pisos destinados a uso turístico, no hay vecina ni vecino de solera ni bedel conocido y apreciado por todos, que ponga macetas en el recibidor. Lo que si hay, es un ir y venir de maletas y desconocidos y en muchas ocasiones, mucho ruido, malestar y desconfianza.
Para amortiguar todo este descontento que está desplazando a los y las vecinas con sus macetas al extrarradio de las ciudades o a pueblos dormitorios aledaños, la Ley de Propiedad Horizontal ha establecido que toda persona que quiera instalar un piso turístico en un edificio, lo haga sólo si obtiene la aprobación de tres quintas partes de la comunidad que habita el edificio.
Sin embargo, aunque esta medida desahoga un poco a las comunidades de vecinos hartas de maletas, paraguas de colores y desconocidos, no soluciona ni por asomo, que la vecina de las macetas no sea expulsada al extrarradio, porque las ciudades españolas con más nombre, ya no son para plebeyos con geranios y pilistras sino para turistas con visas.
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Requisitos para la prohibición de pisos turísticos en las comunidades
Si un propietario alquila su vivienda sin el permiso de la comunidad, los vecinos podrán denunciarlo y exigir que cese la actividad, lo que podría conllevar sanciones económicas de hasta 600.000 euros.
La comunidad debe aprobar esta prohibición en una junta de propietarios, pero no basta con una mayoría simple. Esto asegura que la decisión tenga un amplio respaldo y no se tome de manera unilateral.
Si la prohibición es aprobada con el respaldo necesario, será vinculante, y los propietarios deberán cesar la actividad de alquiler turístico. Sin embargo, aquellos que no estén de acuerdo con la decisión pueden recurrir a la vía legal para impugnarla.
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