Fausto 
Ilustración; El Solidario: Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
La reciente investigación que desvela los 77.000 euros pagados por, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, a directivos de la empresa que su jefe en Quirón Salud creó en Panamá, considerado un paraíso fiscal, abre una caja de pandora sobre las conexiones entre los círculos de poder político y económico.
A este oscuro entramado se suman otros pagos sospechosos: 30.000 euros a un empresario condenado por estafa y 25.000 euros a un contratista vinculado al Partido Popular.
Esta información pone de manifiesto cómo los entramados financieros y los paraísos fiscales siguen siendo herramientas habituales para desviar dinero, evitando controles y cuestionando la transparencia en las relaciones entre políticos y grandes empresas.
El papel de Quirón y los pagos a Panamá
La relación de la pareja de Ayuso con directivos de Quirón Salud, una de las empresas más beneficiadas por la privatización de la sanidad madrileña, no es casual. Los pagos realizados a una sociedad con base en Panamá, conocida por ser un paraíso fiscal, evidencian la posible intención de esquivar responsabilidades fiscales y legales en España. Esto plantea serias preguntas sobre la ética de quienes manejan el dinero público y privado en círculos políticos.
Los pagos de 30.000 euros por “asesoramiento” a un empresario condenado por estafa y otros 25.000 euros a un contratista del PP refuerzan las sospechas de que estas transacciones forman parte de una red de intereses cruzados. La presencia de actores con antecedentes penales y conexiones políticas apunta a un uso discrecional del dinero que debería ser investigado a fondo.
Este escándalo pone en entredicho el discurso de Ayuso sobre la transparencia de su gestión. Mientras insiste en defender su modelo de sanidad pública, las conexiones de su entorno personal con paraísos fiscales y empresarios corruptos dibujan un panorama preocupante de corrupción estructural.
En un momento en el que la ciudadanía demanda claridad y ética en la política, este tipo de revelaciones mina la confianza en las instituciones. Es urgente que las autoridades investiguen estos pagos, no solo para aclarar su legalidad, sino para demostrar que los intereses privados no están por encima del bienestar colectivo.
La transparencia y la justicia deben prevalecer frente a la impunidad.
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