El anuncio de una subida del 2,8% en las pensiones para 2025, basada en la inflación media provisional, parece, a primera vista, una medida positiva para proteger el poder adquisitivo de millones de jubilados en España. Sin embargo, este incremento, aunque acorde con la ley, plantea preguntas sobre su suficiencia en un contexto de crecientes desigualdades económicas y aumento de los costes básicos.
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Por un lado, la revalorización garantiza que las pensiones contributivas no pierdan valor frente al encarecimiento de la vida, un logro significativo del sistema público frente a propuestas de privatización. Además, la vinculación con el IPC refuerza la estabilidad del modelo y da certidumbre a los pensionistas.
¿Un tratamiento desigual?
A pesar del aumento, no todos los beneficiarios del sistema reciben el mismo tratamiento. Las pensiones mínimas y no contributivas, de las que dependen los sectores más vulnerables, siguen sin un ajuste definido, dejando en la incertidumbre a miles de personas.
Además, un 2,8% podría quedarse corto frente al alza de productos esenciales, como alimentos y energía, cuyos incrementos superan con creces la inflación media. Para muchos pensionistas, especialmente aquellos con ingresos más bajos, esta subida podría no ser suficiente para compensar su pérdida real de poder adquisitivo.
Es crucial que esta medida se complemente con políticas estructurales que mejoren el acceso a bienes básicos y servicios públicos para los jubilados. También se requiere un debate profundo sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones en un contexto de envejecimiento poblacional y cambios en el mercado laboral.
En definitiva, aunque la subida del 2,8% es una victoria del sistema público, queda claro que debe ir acompañada de medidas adicionales para garantizar que ninguna persona mayor quede relegada a la precariedad.
¿Será este ajuste el primer paso hacia una reforma más inclusiva o simplemente un parche en un sistema que requiere atención urgente? Te leemos en los comentarios
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