El tiempo juega en contra de miles de familias que buscan justicia por las muertes y abusos en residencias de mayores durante la pandemia. En 2025, los casos que aún no hayan llegado a los tribunales podrían prescribir, dejando en el olvido una de las mayores tragedias sociales de los últimos años en España.
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Durante los meses más duros del COVID-19, las residencias se convirtieron en el epicentro del dolor. Miles de ancianos fallecieron en condiciones inhumanas, aislados de sus familias, sin atención médica adecuada y con protocolos que, en algunos casos, priorizaron criterios económicos sobre la vida. A pesar de la indignación social y de los testimonios desgarradores, la justicia avanza a paso lento, y muchos de estos casos aún no han sido investigados o ni siquiera registrados.
El tiempo se agota para las familias
Las cifras de personas fallecidas en residencias reflejan una crisis sistémica que no puede ser ignorada. Sin embargo, a casi cinco años del inicio de la pandemia, las familias denuncian un muro de impunidad y trabas burocráticas que dificultan su acceso a la justicia.
Según abogados y colectivos de víctimas, los procedimientos judiciales enfrentan múltiples obstáculos: falta de pruebas, dilaciones en los juzgados y la complejidad de atribuir responsabilidades en un sistema que priorizó el encubrimiento sobre la transparencia.
Con el plazo de prescripción acercándose, las familias temen que el sistema legal termine desamparándolas. Organizaciones de derechos humanos insisten en la necesidad de establecer medidas extraordinarias para que los casos relacionados con las residencias no queden impunes. «La sociedad no puede dar la espalda a los mayores, los más vulnerables durante la pandemia», aseguran activistas.
La justicia no puede quedar sujeta al calendario. Cada caso que prescriba será una herida más en la memoria colectiva, una deuda pendiente con quienes merecían ser protegidos. Olvidar esta tragedia no solo es injusto, es inhumano.
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