Gigantes energéticas contaminan y se niegan a pagar por ello
Reyes Lamprea 
Imagen: El presidente de Repsol, Antonio Brufau, y el ministro de Industria, Jordi Hereu, en una imagen de archivo. EP
Las principales empresas energéticas españolas, como Repsol, han ‘tolerado’ el impuesto temporal que el Gobierno quiere hacer permanente en 2025.
Repsol, una multinacional dedicada a la exploración y producción de petróleo y gas, se ha enfrentado a diversas denuncias a lo largo de los años, relacionadas con problemas medioambientales, violaciones de derechos humanos, y principalmente conflictos con comunidades locales en los países donde opera. Algunos ejemplos incluyen Derrames de petróleo y daños ambientales.
Además, tuvo que asumir múltiples denuncias por derrames de petróleo. Un caso relevante fue el derrame ocurrido en enero de 2022 en la costa de Perú, donde se derramaron aproximadamente 12,000 barriles de petróleo. Esto generó más de 15 denuncias legales por parte del gobierno peruano y las comunidades afectadas.
Repsol y el impuesto que no quieren pagar
Quizá quiera leer: Estudio del aumento de la superficie quemada por el cambio climático
Las grandes energéticas consideran el gravamen, que afecta a sus ingresos y no a sus beneficios, es «injusto» y perjudica la competitividad. El hecho de que el resto del planeta esté asumiendo las consecuencias de sus acciones es otro cantar.
Repsol, liderada por Josu Jon Imaz, ha sido especialmente crítica con este impuesto, señalando que no solo afecta a sus operaciones en España, sino que también obstaculiza las inversiones en renovables. Imaz acusa al Gobierno, en particular a Sumar, de utilizar el impuesto para mantener su poder político, calificándolo de «demagógico».
Esperando resolución y denunciando
El futuro del gravamen se decidirá en los próximos días, mientras se transponen las normativas europeas en esta materia. Aunque el gobierno apoya su permanencia, otros actores políticos abogan por un enfoque más «realista» que evite dañar el sector.
A pesar de la tensión, algunas energéticas, como Iberdrola y Endesa, han optado por esperar a ver qué decisiones toma finalmente el Ejecutivo. Se barajan varias opciones: desde la eliminación del impuesto hasta su rediseño. Mientras tanto, gigantes como Cepsa siguen denunciando que el gravamen afecta negativamente, gravando ingresos y no beneficios.
Por encima el planeta y los ciudadanos
La cuestión clave será si la permanencia del impuesto contribuye o no a una transición energética “justa” y si las políticas actuales pueden garantizar la protección del planeta y de los sistemas que posibilitan el bienestar de las personas, más allá de balances y accionistas.
¿Cuál es tu opinión sobre este asunto? Nos gustaría conocerla.
Fuente: elplural.com
About The Author
