
AP/El Solidario: DANA Valencia.
La ofensiva de la extrema derecha contra el poder judicial progresista ha tomado un nuevo rostro: una querella de Manos Limpias contra la jueza que instruye el caso DANA. El sindicato ultraconservador, habitual en las maniobras de presión política bajo apariencia legal, acusa a la magistrada de prevaricación, en lo que parece más una estrategia de intimidación que una denuncia con base jurídica sólida.
La causa DANA, que investiga posibles responsabilidades políticas por la gestión de la emergencia en Valencia, ha salpicado a nombres del Partido Popular y amenaza con romper el relato de impunidad al que nos han acostumbrado desde los despachos de la derecha institucional. Que, ante la posibilidad de imputaciones relevantes, aparezca Manos Limpias en escena no sorprende a nadie. Ya es rutina que actúe como brazo jurídico del reaccionarismo más rancio.
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Pero lo que está en juego aquí va más allá de una magistrada. Se trata de un nuevo intento de amordazar a la justicia cuando esta roza los intereses de la derecha. Lo vimos con la campaña contra el juez Garzón, con las presiones a fiscales anticorrupción y ahora lo vemos con la jueza de la DANA. El mensaje es claro: quien toque el poder, será señalado.
La querella, como han informado medios independientes, se sostiene sobre supuestas irregularidades en la instrucción, sin presentar pruebas fehacientes. Es decir, se busca desgastar y deslegitimar a quien incomoda con su labor. No es justicia, es revancha.
En un Estado de derecho, los jueces deben poder actuar con independencia. Pero la ultraderecha no cree en ese principio; cree en el control y el miedo como herramientas políticas. Defender a la jueza de la DANA no es defender una persona, es defender la democracia frente al autoritarismo togado. Y eso, hoy más que nunca, es urgente.
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