
Archivo/ELSOLIDARIO.Personas mayores mirando el móvil.
El sistema público de pensiones español prepara una transformación significativa con nuevas medidas que entrarán en vigor en abril de 2025. La Seguridad Social ha confirmado ajustes en los requisitos de acceso y cálculo de las prestaciones, modificaciones que buscan garantizar la sostenibilidad del sistema pero que generan dudas entre los futuros jubilados.
Entre los cambios más relevantes destaca la ampliación del periodo de cálculo para la base reguladora, que pasará de los últimos 25 años a los últimos 30 años cotizados, eliminando además las peores bases (actualmente se descartan dos años).
Esta medida, según el Gobierno, pretende equilibrar las cuentas ante el envejecimiento poblacional, pero podría reducir las pensiones de quienes hayan tenido carreras laborales irregulares.
Otro punto clave es el nuevo incentivo a la jubilación tardía: quienes retrasen su retiro más allá de la edad legal (67 años o 65 con 38,5 años cotizados) verán incrementada su prestación entre un 2% y 4% anual. Paralelamente, se endurecen las condiciones para acceder a la jubilación anticipada, exigiendo más años de cotización en estos casos.
Expertos como los de la AIReF advierten que, aunque necesarias, estas reformas pueden generar desigualdades entre generaciones. Mientras, los sindicatos exigen medidas complementarias para proteger a los trabajadores con empleos más precarios.
Con una tasa de reemplazo que ya ronda el 72%, España se enfrenta al reto de mantener pensiones dignas sin colapsar las arcas públicas.
El debate sobre las pensiones sigue abierto: ¿Estamos ante un sistema más justo o solo más restrictivo? La respuesta dependerá de cómo afecte a los bolsillos de los españoles.
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