Fausto 
El Solidario. Varios activistas valencianos enfrentan penas de cárcel y sanciones económicas por su defensa a la vivienda digna.
En pleno 2025, el Estado español criminaliza a quienes defienden el derecho a la vivienda. Varios activistas valencianos enfrentan penas de cárcel y sanciones económicas desorbitadas por su implicación en proyectos comunitarios autogestionados como La Peseta o por denunciar la especulación inmobiliaria y turistificación en el barrio de Caixers.
La respuesta del poder ha sido la represión judicial y policial, en lugar de políticas que garanticen una vivienda digna. Mientras los fondos buitre, las socimis y las grandes inmobiliarias saquean nuestras ciudades, quienes se atreven a plantar cara al negocio de la vivienda son tratados como delincuentes.
Persecución en Valencia
En València, activistas por el derecho a un techo digno están siendo perseguidos por la justicia por hacer justo lo que debería hacer el Estado: garantizar que nadie sea expulsado de su hogar.
Los casos vinculados a La Peseta, un proyecto comunitario en proceso de rehabilitación y lucha por el acceso colectivo a la vivienda, y al grupo que denuncia la turistificación del barrio de Caixers, son el ejemplo claro de una estrategia institucional: reprimir la organización vecinal para proteger los intereses del capital inmobiliario.
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Esta persecución no es un hecho aislado. Desde Barcelona a Madrid, pasando por Sevilla, Palma o València, vemos cómo la protesta social se convierte en diana del aparato represivo del Estado.
A través de multas, procesos judiciales y presencia policial desproporcionada, se pretende silenciar el descontento ante un modelo urbano al servicio del beneficio privado.
Resulta obsceno que quienes vacían nuestros barrios y encarecen la vida sigan blindados por la ley, mientras a quienes luchan por lo común se les castiga con cárcel y ruina económica. Pero no hay ley mordaza ni fiscalía cómplice que pueda frenar una verdad incómoda: la vivienda es un derecho, no un negocio.
En lugar de perseguir activistas, el Gobierno debería perseguir la especulación. Porque mientras haya una sola persona sin hogar, defender el derecho a la vivienda no solo será legítimo: será necesario y urgente.
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